En la ciudad de Santiago de Compostela, la corporación municipal ha decidido no aprobar el pago de dos importantes facturas relacionadas con el servicio de autobuses, una acción que ha recibido la abstención de los concejales expulsados del PSOE y el rechazo categórico del Partido Popular. Estas deudas suman un total cercano a los 3 millones de euros.

Durante la sesión del pleno municipal que tuvo lugar el 3 de junio, el mismo bloque opositor había generado el mismo resultado respecto a un reconocimiento extrajudicial de crédito vinculado a la línea 7 del transporte urbano, lo que pone de manifiesto una tendencia de paralización en este tipo de pagos en la administración local.

La deuda que ahora se encuentra nuevamente en el punto de mira incluye 402.093 euros que el Ayuntamiento debe a Autocares Rías Baixas, además de otros 2.537.725 euros que corresponden a TRALUSA, la empresa que gestiona la mayoría de las líneas de autobús de la capital gallega. Esta segunda factura ha quedado también bloqueada por la falta de acuerdo en el pleno.

A pesar de la negativa sobre estas dos facturas, el Ayuntamiento logró aprobar el pago de tres deudas adicionales que suman aproximadamente 447.000 euros, en este caso con la abstención tanto de los no adscritos como del PP, y con el apoyo del gobierno local, compuesto por BNG, Compostela Aberta y el PSOE.

El Partido Popular ha criticado fuertemente la situación, acusando al Ayuntamiento de actuar de manera ilegal en la gestión del transporte urbano. La concejala Rosario Ferreiro indicó que “se están realizando servicios sobre encargos sin la fiscalización adecuada”, lo que pone en entredicho la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas.

El problema radica en que los contratos con TRALUSA y Autocares Rías Baixas se establecieron sin la debida supervisión de funcionarios independientes, según argumentó Ferreiro, añadiendo que no se ha demostrado que los precios de los alquileres pactados sean justos en comparación con el mercado.

El portavoz del PP, Borja Verea, advirtió sobre la posibilidad de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento ante cualquier eventualidad relacionada con este asunto. La formación política está evaluando enviar documentos a los organismos correspondientes para investigar posibles irregularidades y falta de responsabilidad contable.

Los concejales que ahora son no adscritos explicaron su abstención en la votación anterior debido a la ausencia de diálogo, pero en esta ocasión señalaron la falta de transparencia en la firma del contrato de transporte urbano como una de sus principales preocupaciones.

Gonzalo Muíños, uno de los ediles, criticó la creciente deuda, advirtiendo que podría ser aún mayor al cierre del año por acumulaciones de impagos, y describió el uso de mecanismos excepcionales que se han convertido en la norma bajo la actuales administración como gravemente problemáticos.

Por su parte, Xan Duro, Concejal de Movilidad, defendió que todas las gestiones adecuadas se iniciaron a su debido tiempo; no obstante, indicó que se encontraron con obstáculos debido a cambios en el personal del Departamento de Tráfico. La alcaldesa Goretti Sanmartín, aunque reconoció que la situación no es la mejor, instó a que se abonen los servicios ya prestados.

Finalmente, Sanmartín explicó que las decisiones previas de la administración se tomaron en un contexto complicado, buscando evitar que la ciudad se quedara sin un servicio esencial, lo que llevó a la implementación de un alquiler de autobuses como medida provisional para mantener las líneas operativas.