La conselleira de Economía de Galicia, María Jesús Lorenzana, ha enfatizado la necesidad de que el gobierno no interrumpa el camino hacia el desarrollo económico, abogando por una regulación sencilla que favorezca el crecimiento. Por su parte, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha instado a capitalizar la reindustrialización como una oportunidad crucial para la región.

En un evento reciente en Santiago de Compostela, Endesa y Naturgy han expresado su conformidad con la nueva normativa de la Xunta sobre energías renovables, que incluye la repotenciación de parques eólicos y la obligación de reinvertir los beneficios en las comunidades donde se instalan. Sin embargo, ambas compañías también han resaltado la necesidad de ajustes en la regulación para optimizar la colaboración entre los distintos actores involucrados.

Durante la jornada 'Galicia hacia el futuro', el director territorial de Endesa Noroeste, Miguel Temboury, destacó el compromiso de la empresa con la repotenciación, presentando un plan de inversión de 220 millones de euros. Ya han comenzado los trabajos en el parque eólico de Coriscada, activando una inversión inicial de 37 millones de euros, y tienen en marcha la actualización del parque de Castelo, así como otros proyectos en la zona de O Barbanza.

Endesa ha subrayado la importancia del diálogo constante con los distintos sectores para lograr la máxima eficacia en estos proyectos y ha expresado su deseo de que el gobierno regional y nacional se coordinen mejor para alcanzar los objetivos propuestos. A pesar de mostrar satisfacción con la nueva legislación, han señalado que aún hay aspectos que podrían mejorarse.

Mónica Puente, directora de UFD-Redes Electricidad España de Naturgy, también remarcó las ventajas de la repotenciación en términos de desarrollo tecnológico, afirmando que las nuevas turbinas ofrecen una capacidad de generación superior. Puente insistió en la necesidad de una cooperación efectiva entre el sector público y privado, y recordó que la rentabilidad de la energía es esencial para el consumidor final.

La conselleira Lorenzana ha instado al gobierno a simplificar procesos y a evitar regulaciones excesivas que puedan frenar la actividad económica. La conselleira también expresó su frustración por la situación actual de la red eléctrica y demandó más inversiones que permitan evacuaciones adecuadas de energía, defendiendo los derechos de los gallegos a contar con estructuras de energía eficientes.

En cuanto al desarrollo de proyectos eólicos, Temboury reveló que se prevé una inversión total de cerca de 1.000 millones de euros en Galicia, de los cuales 700 millones estarán destinados a iniciativas relacionadas con la energía eólica. Sin embargo, advirtió que numerosos proyectos se encuentran estancados debido a problemas judiciales, retrasando su puesta en marcha hasta al menos 2028.

Además, se anunció una inversión de 80 millones de euros para modernizar la central de gas de ciclo combinado de As Pontes, enfatizando la necesidad de mejoras en la red eléctrica. La conselleira reafirmó la urgencia de abordar las deficiencias en la infraestructura eléctrica de Galicia, tras criticar la gestión del gobierno central y su falta de acción ante el apagón eléctrico anunciado.

Desde la CEG, su presidente, Juan Vieites, hizo un llamado a la acción para aprovechar la reindustrialización como una oportunidad para el crecimiento de la economía gallega. Subrayó la importancia de generar conciencia social sobre la relevancia de los proyectos industriales y instó a establecer un marco normativo estable y una visión a largo plazo.

También abordó el problema del absentismo laboral y la escasez de mano de obra en sectores estratégicos, destacando el potencial del personal de alta competición y en el ámbito de la defensa para integrarse en el mundo empresarial tras una adecuada formación profesional. Esta inversión en capacidades puede ser clave para afrontar los retos futuros del mercado laboral.

Finalmente, Vieites criticó el intervencionismo del Ministerio de Trabajo en la reducción de jornadas laborales, argumentando que perjudica el diálogo necesario entre empresarios y sindicatos. Aseguró que esta intervención altera las condiciones previamente establecidas y pidió que se prioricen soluciones efectivas en lugar de jugar con ideologías políticas.