La actual crisis en Gaza se convertirá en un tema de debate central en la próxima semana política de Galicia, que comienza este lunes. Los partidos de oposición, en especial el BNG y el PSdeG, han estado trabajando para que el gobierno gallego condene lo que describen como un "genocidio". Esta situación se debatirá en el pleno del parlamento a partir del martes, donde también se tratarán otras cuestiones, como los recientes incendios forestales y la apertura del nuevo curso escolar, a cargo del conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

En medio de la escalada de violencia en la Franja de Gaza, el BNG ha presentado una proposición no de ley para que los grupos se posicionen al respecto, luego de que en la sesión anterior su intento por obtener una declaración institucional de condena fracasara. Critican a los populares por no asumir una postura clara sobre un tema que, según su portavoz Alberto Pazos, debería ser determinado solo por instancias internacionales competentes.

Por su parte, el PSdeG ha decidido actuar y solicitará un minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria, además de preparar su propia proposición no de ley sobre Gaza. Aunque aún no han definido su postura exacta, los populares consideran "repugnante" utilizar lo que califican como "masacre" con el fin de fomentar un conflicto entre los partidos.

Este no es el primer caso en que el Parlamento gallego se encuentra discutiendo la situación de Palestina, ya que en 2014 se aprobó una declaración en la que se instaba al gobierno español a reconocer a Palestina como un Estado de derecho internacional. En aquella ocasión, se enfatizó la necesidad de coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, bajo un marco de negociación que garantizara la seguridad y derechos de ambas partes.

Más allá de los conflictos internacionales, el pleno de la próxima semana también abordará la propuesta del BNG de crear una comisión de investigación sobre la ola de incendios que asoló Galicia el verano anterior. Aunque los socialistas se manifestaron a favor de esta petición, proponen que lo más eficaz sería revitalizar la comisión que se formó tras los incendios de 2017, lo que presentarán mediante una moción.

La relación entre los partidos parece tensa, especialmente después de que los líderes del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigieran públicamente la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a quien señalan por su incompetencia en la gestión de la crisis de los incendios. Alberto Pazos ha insinuado que la oposición busca crear un espectáculo judicial tras la conclusión de estos eventos.

No solo esto, Rueda también tendrá que explicarse en el pleno sobre sus prioridades de acción política y las medidas de protección para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), en un contexto marcado por preocupaciones sobre la seguridad de los trabajadores en este ámbito.

Mientras tanto, en el ámbito de servicios públicos, el BNG interpelará al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien informará sobre el inicio del año escolar, para destacar la crítica falta de recursos y derechos del profesorado.

Tanto los socialistas como los nacionalistas también prevén abordar temas relevantes en sanidad, como la escasez de médicos en centros de salud y el colapso en servicios de urgencia. Por su parte, el PSdeG desarrollará interpelaciones sobre la rehabilitación de un colegio en A Illa de Arousa y la asistencia a menores no acompañados, exigiendo al gobierno regional responsabilidad y recursos para su cuidado.

En contraposición, el PPdeG planteará una iniciativa para que el gobierno central abandone lo que consideran una "imposición" en el trato a los menores inmigrantes y que provea el financiamiento necesario para su atención adecuada.

Adicionalmente, el PPdeG solicitará un plan estratégico para los aeropuertos gallegos, buscando mantener su operatividad y sostenibilidad económica, tras el anuncio de Ryanair de disminuir drásticamente sus vuelos en Galicia.

Las intervenciones del PP también se centrarán en el desorden ferroviario registrado durante los incendios de agosto y la actualización de la ley del deporte de Galicia, que requiere modificaciones para adaptarse a las necesidades actuales, incluida la facultad de la administración de actuar como acusación popular en casos de violencia deportiva.