La polémica en Galicia se intensifica ante la decisión de la Xunta de Galicia de excluir a diversas organizaciones de defensa del medio ambiente y a comunidades de montes vecinales de un organismo consultivo vital: el Consello da Minaría. Desde su creación en 2008, estas entidades habían sido miembros activos, pero ahora se enfrentan a lo que consideran una decisión unilateral que amenaza su papel en la gestión de los recursos naturales.

En un comunicado conjunto, los colectivos sociales expresaron su profundo rechazo a esta maniobra, la cual consideran un intento encubierto de despojarles de su participación en asuntos que tienen un impacto directo en los ecosistemas y la salud pública. Aseguran que la ley vigente garantiza su presencia en este órgano, pero la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025 podría modificarlas de manera definitiva, eliminando su influencia en esta área crítica.

Entre los grupos firmantes se encuentran nombres reconocidos como Adega, Amigas da Terra, Greenpeace, así como diversas federaciones y agrupaciones relacionadas con la sostenibilidad y la pesca. Todos ellos consideran que esta acción no solo socava su implicación, sino que también infringe derechos consagrados, planteando que la medida contraviene la Convención de Aarhus, que establece derechos de participación en temas ambientales.

El comunicado resalta que esta expulsión sin precedentes ejemplifica un ataque directo a los derechos de la sociedad civil, además de un intento por parte de la administración autonómica de silenciar a aquellos que cuestionan sus decisiones respecto a la minería, un sector que históricamente ha suscitado controversia en la región. Alertan sobre el riesgo que esto implica en cuanto a la transparentación y lo que consideran un intento de deslegitimar las voces críticas.

Por si fuera poco, el contexto en el que se produce esta exclusión es preocupante. Viene acompañado de la aprobación de la 'Axenda de Impulso da Minaría Sostible de Galicia 2030', donde la Xunta ha manifestado un claro antagonismo hacia los grupos ecologistas, tildándolos de 'ecologismo radical' y presentándolos como una 'amenaza' para el desarrollo de proyectos mineros, cuyas repercusiones ambientales son objeto de debate.

Además, los colectivos destacan que la expulsión se lleva a cabo justo cuando el Consello da Minaría debe pronunciarse sobre un plan sectorial de actividades extractivas impulsado por la Xunta. Esto sugiere, a su juicio, un evidente cabildeo por parte de intereses mineros que buscan acallar la oposición social antes de avanzar con sus planes.

Señalan que en lugar de retirar la voz de la sociedad civil, el Consello debería abrirse a una mayor diversidad de opiniones, incluyendo a organismos como las cofradías de pescadores y organizaciones agrarias, para enriquecer el debate en lugar de ahogar la disidencia. La exclusión que proponen parece un intento por no solo limitar el acceso a la información, sino también por restringir el ejercicio de derechos fundamentales en un contexto cada vez más adverso para la participación ciudadana.

Ante esta situación, los colectivos han hecho un llamado urgentemente a los grupos del Parlamento gallego para llevar a cabo reuniones que propicien la retirada inmediata de esta medida. Además, no descartan la posibilidad de emprender acciones legales si la ley se aprueba en el estado actual. Reconocen que, a pesar de los intentos de silenciarles, la resistencia y oposición social frente a las actividades consideradas destructivas y perjudiciales continuará firme.