En Madrid, la fecha del 22 de marzo marca un paso importante en las gestiones del Ministerio del Interior, que se encuentra en las fases finales de negociación de un convenio con la Xunta de Galicia referente a la Unidad de Policía Adscrita. Esta actuación sigue a la reciente firma de un acuerdo similar con la comunidad andaluza, y en paralelo, el ministerio también está en conversaciones con los gobiernos de Aragón y la Comunitat Valenciana.

Las Unidades de Policía Adscrita son en esencia parte de la Dirección General de la Policía Nacional, aunque su operatividad se ajusta a las decisiones de las consejerías de Interior de cada comunidad autónoma, guiadas por los convenios establecidos previamente.

Dependiendo de los términos estipulados en cada convenio, la función de la Policía Adscrita puede abarcar desde la seguridad de las autoridades autonómicas hasta la vigilancia de menores infractores, la lucha contra el absentismo escolar y la vigilancia de la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.

Las conversaciones con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han tomado un nuevo rumbo, un año después de que surgieran tensiones y se enviara una carta en enero de 2024. En esta carta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instaba a estas comunidades a asumir la mitad de los gastos correspondientes a estas Unidades Adscritas.

En respuesta a las protestas de los gobiernos autonómicos del PP, Marlaska reconoció las "dificultades" que la falta de modernización de estas unidades estaba causando. “Estoy completamente comprometido en hacer lo necesario para restaurar y mantener sus capacidades”, dijo el ministro.

Además, Grande-Marlaska señaló que era "esencial" que las comunidades autónomas cumplieran con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, que indica la responsabilidad de financiar estas unidades mediante la cobertura del 50% de sus costos anuales.

Las iniciativas emprendidas por la Secretaría de Estado de Seguridad encontraron un éxito pronto, materializándose con la firma del convenio con Andalucía el 13 de febrero, donde el Gobierno andaluz se comprometió a cubrir la mitad de los salarios del personal y los costes operativos, incluyendo inversiones y mantenimiento.

“Después de años de demandas y propuestas al Ministerio, hoy es un hecho gracias al diálogo y a la lealtad institucional”, afirmó Antonio Sanz, consejero andaluz de la Presidencia e Interior. Este convenio tiene como objetivo incorporar, en un plazo de cuatro años, 270 nuevos agentes a la Unidad de Policía Nacional Adscrita, totalizando 632 efectivos.

En paralelamente, la Xunta de Galicia y el Ministerio del Interior han comenzado alto nivel en las negociaciones para renovar el convenio de la Policía Nacional adscrita a esta comunidad, según aseguraron fuentes de ambos gobiernos el 21 de febrero.

Las discusiones incluyen la financiación de esta unidad, que se encuentra operativa en Galicia desde 1991, así como la solicitud de más efectivos, una necesidad que ha sido reiteradamente manifestada por el Parlamento gallego.