Juzgado multa a conductor de la Xunta por demandar por actos contra violencia de género

Un conductor de la Xunta de Galicia ha sido sancionado con una multa de 600 euros tras desestimar su demanda contra la administración por convocarlo a actos contra la violencia machista. La jueza considera que la Xunta actuó en el marco de sus obligaciones y que la convocatoria mediante correo corporativo no vulneró derechos fundamentales.

El trabajador fue llamado a participar en concentraciones y caminatas organizadas en toda Galicia tras el crimen machista en O Bolo en abril de 2025. La convocatoria fue enviada a través del email corporativo, como parte de campañas institucionales de sensibilización contra la violencia de género.

El demandante, que reclamaba 15.000 euros por supuesta vulneración de derechos, alegaba que su integridad moral había sido afectada. Sin embargo, el juzgado ha considerado que la acción fue infundada y que las actividades promovidas por la Xunta son parte de sus deberes en materia de sensibilización social.

La sentencia también señala que la utilización de correos colectivos no busca degradar ni vejación, y que la demanda fue presentada con una actitud temeraria. La jueza destaca que la discrepancia del trabajador con la administración no implica vulneración de derechos y que su reclamación carece de justificación legal.

Este caso refleja el debate sobre el uso de recursos públicos en campañas sociales y la percepción de los empleados públicos respecto a la libertad de participación. La Xunta continúa defendiendo su compromiso con la lucha contra la violencia machista, en línea con las políticas públicas en materia de igualdad y sensibilización social.

En el contexto político, esta decisión puede influir en la gestión de campañas institucionales y en la percepción pública del papel del sector público en la lucha contra la violencia de género. La tendencia apunta a reforzar el criterio de que las acciones de sensibilización son parte de las funciones del Estado, y que las discrepancias individuales deben canalizarse por vías distintas a las judiciales.