La Junta Electoral amonesta a Rueda por dos actos institucionales en plena campaña

La Junta Electoral Provincial de Pontevedra ha amonestado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por declaraciones realizadas durante una visita a promociones de vivienda pública en San Paio de Navia, Vigo, el 14 de octubre. La decisión, fechada el 28 de octubre, responde a una denuncia del PSdeG y obliga a retirar la nota de prensa del acto de la web institucional y de todos los canales en los que se difundió.

El organismo considera que el mandatario vulneró el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prohíbe a los poderes públicos difundir alusiones a realizaciones o logros durante los procesos electorales. Además, le pide que se abstenga de realizar o difundir comunicaciones institucionales que incurran en esa misma infracción mientras dure el proceso.

El caso no es aislado. Los socialistas han presentado otras denuncias ante la misma junta por dos episodios más: la comparecencia posterior al Consello del 16 de octubre, en la que se aprobó el proyecto de presupuestos para 2027, y el anuncio hecho el 7 de octubre en el Parlamento de Galicia sobre una línea de siete millones de euros para que los ayuntamientos construyan vivienda pública.

Según el escrito socialista, en la comparecencia junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, no se limitaron a informar de los acuerdos adoptados. Sostienen que destacaron la gestión acumulada del Gobierno en materia fiscal, establecieron comparaciones con otras comunidades autónomas y mencionaron incrementos presupuestarios e hitos históricos. Para el PSdeG, ese enfoque excede la mera rendición de cuentas y entra en la propaganda prohibida.

El fondo del debate es la frontera entre la información institucional y la promoción de gestión en periodo electoral. La normativa busca evitar que los gobiernos en ejercicio utilicen recursos públicos para mejorar su imagen frente al electorado. La interpretación de qué constituye un acto informativo y qué un acto propagandístico es, sin embargo, habitualmente discutida, y las resoluciones de las juntas electorales suelen ser el primer paso de un debate jurídico que puede prolongarse.

La resolución admite recurso ante la Junta Electoral Central, por lo que la decisión definitiva aún no está cerrada. Más allá del caso concreto, la controversia anticipa un escenario de confrontación en torno al uso de la comunicación institucional durante la campaña, un terreno en el que cada partido acusa al adversario de cruzar líneas que el propio Gobierno considera legítimas.