Las reacciones dentro del ámbito político gallego son intensas, ya que el Partido Popular (PP) se mantiene firme en la defensa de la legalidad de las modificaciones normativas, en contraposición a las acusaciones de la oposición, que denuncia cambios que catalogan como "antidemocráticos". Este conflicto surge en el contexto de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2025, que se ha transformado en motivo de controversia, especialmente debido a las enmiendas aprovadas por el PP.

Desde el BNG y el PSdeG, los líderes de estas formaciones han elevado sus voces criticando lo que consideran una "chapuza legislativa". Acusan al PP de introducir cambios en diversas leyes "por la puerta de atrás", señalando como "ridículo" el hecho de que se hayan presentado autoenmiendas que suman 128 páginas. Este ataque no solo está dirigido a la forma de legislar, sino también a lo que consideran una falta de transparencia en el proceso político.

Durante un acalorado debate en el pleno del Parlamento, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, junto al diputado popular Julio García Comesaña, defendieron la legitimidad de estas modificaciones, argumentando que están respaldadas por la Constitución. Esta defensa se produce en un contexto donde el PPdeG ha rechazado las enmiendas a la totalidad, asegurando que se seguirá adelante con la tramitación de la ley, con vistas a su aprobación el mes próximo.

No obstante, las diputadas Olalla Rodil (BNG) y Patricia Iglesias (PSdeG) fueron contundentes en su oposición, enfocándose en los cambios relacionados con el sector eólico y el ámbito de la vivienda. Rodil, en particular, calificó la ley de "absoluto despropósito", subrayando su carácter "inaceptable" y denunciando que estas decisiones generan una "inseguridad jurídica" alarmante.

El conselleiro Miguel Corgos justificó las modificaciones como un intento de promover el alquiler de viviendas y crear un nuevo marco para la energía eólica que ofrezca mayor seguridad jurídica. Según su argumento, estas reformas están destinadas a aumentar la potencia instalada en espacios reducidos, beneficiando a empresas y ciudadanos a través de precios más accesibles.

Sin embargo, Rodil no se contuvo al señalar que el "subterfugio legal" que se está empleando es peligroso, sugiriendo que permite el establecimiento de políticas perjudiciales que eluden el debate democrático. La diputada también destacó que detrás de tantas modificaciones hay intereses económicos que buscan avanzar sin generar oposición.

Por su parte, Iglesias criticó la "avalancha normativa" que supuestamente carece de un rumbo claro, refiriéndose a una serie de cambios que rozan lo que ella denomina un "atropello antidemocrático". Al hablar de la enmienda que el PP se hizo a sí mismo, sugirió que esto evidencia un desprecio total por los procedimientos democráticos establecidos.

El diputado García Comesaña defendió la legalidad de la propuesta del PP, argumentando que este modelo de inclusión de modificaciones se utiliza con frecuencia en la política, incluso por el gobierno central. Además, cuestionó las acusaciones de la oposición, señalando que desde que se introdujo la ley en el Parlamento, ha habido una alta actividad en el marco de las enmiendas, con un considerable número presentado por todos los grupos.

Aunque las críticas continúan, el PP se considera capaz de ofrecer una solución que mejora la seguridad jurídica en el sector eólico y que facilita el acceso a alquileres. Esa afirmación incluye la regulación de un nuevo impuesto sobre turismo, que será de aplicación voluntaria y que busca fomentar un desarrollo turístico sostenible en la región.

Las enmiendas propuestas incluyen deducciones fiscales para propietarios de viviendas vacías, destinadas a aliviar la carga fiscal y fomentar así la oferta de alquileres a precios razonables. Asimismo, se prevé que los municipios puedan implementar una tasa sobre estancias turísticas, cuyo ingreso será destinado a la promoción del turismo, lo que podría considerarse un paso hacia la diversificación económica de Galicia.