La oposición ha hecho públicas sus quejas sobre los recortes en el sistema educativo y la supuesta "censura" en las escuelas, al inicio de un nuevo curso que describen como un auténtico "caos". Según sus acusaciones, la situación está afectando tanto a estudiantes como a docentes en Galicia.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha anunciado la creación de una nueva oficina de apoyo y asesoramiento legal para los profesores, con el objetivo de fortalecer su autoridad y el respeto en el entorno escolar. Esta iniciativa, ya prevista por el presidente de la Xunta durante el verano, se integrará en la ley de acompañamiento a los presupuestos para 2026 y se espera que comience a funcionar en otoño.

Rodríguez considera que la creación de esta oficina es crucial a raíz de los crecientes incidentes de "amenazas y agresiones" que enfrentan los educadores en el aula, tanto de forma verbal como física y digital. Subrayó la importancia de defender la figura del profesor y su profesionalismo.

Además, el conselleiro anunció una actualización de la carrera docente, buscando prestigiar la profesión mientras se propone una revisión exhaustiva de los temarios de las oposiciones. La Xunta tiene la intención de solicitar al Gobierno central esta actualización, que considera necesaria.

La Consellería también ha sugerido modificaciones en las pruebas de acceso a la docencia, enfatizando la importancia de variables cualitativas y habilidades pedagógicas. Estas medidas buscan responder a las necesidades del sistema educativo gallego, así como un plan de igualdad para todos los profesores.

Este año, se ha registrado una matrícula de alrededor de 303.000 estudiantes, lo que representa una caída de más de 4.000 en comparación con el año anterior. Sin embargo, el número de docentes ha aumentado, alarmando al conselleiro con las denuncias de recortes en un contexto donde hay más profesorado que nunca.

Como parte de las novedades para este curso, se introducirán nuevos planes de lectura y comenzará a implementarse un sistema de globalización educativa que integrará el inglés en el aula, bajo la iniciativa Global Classrooms de la ONU, dirigida a estudiantes de 3º de ESO.

Asimismo, el conselleiro anunció un programa especial para centros con un alto porcentaje de alumnos extranjeros y reafirmó el compromiso de la Xunta con la lucha contra el acoso escolar.

En cuanto a la futura ley de educación digital, esta se implementará el próximo año, y el conselleiro iniciará reuniones con miembros de la comunidad educativa para recoger aportaciones al respecto.

A la par, Rodríguez no dudó en criticar la falta de comunicación del presidente del Gobierno central sobre nuevas medidas educativas, acusándolo de falta de diálogo y de jugar con recursos que pertenecen a las comunidades autónomas.

Del otro lado del debate se encuentra Cristina Fernández Davila del BNG, que ha criticado la gestión de la Consellería, poniendo de relieve que Galicia es una de las comunidades con menor inversión educativa y lamentando el cierre de centros en años recientes. También hizo hincapié en las vacantes de profesorado y en la desvío de fondos hacia la educación privada.

Fernández Davila también tachó de "censura" las directrices de la Xunta, asegurando que buscan limitar la autonomía en los centros educativos y mantener un control ideológico sobre el alumnado.

En el contexto de la controversia, la diputada ha denunciado actos de violencia relacionados con el rechazo a un futuro centro de acogida de menores migrantes y ligado a discursos de odio, culpa que imputa a la derecha política, identificando al PP como responsable.

El conselleiro Rodríguez, al responder, calificó de "infamia" los comentarios de la nacionalista, mostrando su rechazo ante estas acusaciones.

Por su parte, Aitor Bouza del PSdeG también expresó su preocupación acerca del inicio del curso, describiéndolo como "caótico" y criticando la falta de recursos educativos adecuados en las aulas, tales como orientadores y especialistas en pedagogía.

Bouza también se refirió a la saturación en las aulas y la falta de atención hacia los alumnos con necesidades específicas, denunciando que las instrucciones de "neutralidad ideológica" son simplemente un pretexto para ejercer un control sobre la educación.

En respuesta a la polémica en torno a la violencia relacionada con el centro de menores migrantes, Bouza cuestionó al PP sobre su conexión con Vox, insinuando que ello conlleva cierta responsabilidad sobre los actos de violencia.

Por el contrario, Cecilia Vázquez del PP defendió la labor de la Consellería en su esfuerzo por un inicio de curso tranquilo, argumentando que la oposición solamente busca interferir y generar conflictos.

Finalmente, Rodríguez se mostró sorprendido ante las críticas a las instrucciones de neutralidad ideológica, argumentando que estas son, en realidad, una garantía de pluralidad y pensamiento crítico en el ámbito educativo gallego.