SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 de julio.

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, ha comunicado que los servicios legales de la Xunta están evaluando la reciente sentencia que considera responsable a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) por la grave contaminación del embalse de As Conchas, en Ourense. Aseguró que se presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Durante un evento celebrado en O Carballiño este sábado, Vázquez subrayó que si bien la Xunta respeta la decisión judicial, ello no implica que comparta los términos de la misma.

La conselleira también aclaró las competencias que tiene la Xunta en materia de medio ambiente. Afirmó que su gobierno es responsable de la calidad del agua en 182 municipios de Galicia, mientras que el control en el resto de municipios recae en el Gobierno central a través de las distintas confederaciones hidrográficas.

En particular, hizo hincapié en que la responsabilidad sobre el embalse de As Conchas pertenece a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, aclarando que cualquier medida que deba tomarse, como la posible declaración de zonas vulnerables a nitratos, debe seguir el marco legal estipulado.

Vázquez se refirió a un encuentro reciente entre el Ministerio y las comunidades autónomas y destacó que el Gobierno debe realizar estudios para determinar la procedencia de los nitratos antes de que la Xunta pueda emitir cualquier declaración al respecto.

La conselleira afirmó que sería “imposible” para la Xunta tomar una decisión sin esos estudios finalizados, añadiendo que la Administración autonómica ya había hecho contribuciones a estos estudios, señalando inconsistencias en las estimaciones sobre la población avícola en la zona.

En su intervención, insistió en la necesidad de ser meticulosos y precisó que, en cuanto se complete la investigación y el Gobierno central identifique la fuente de los nitratos, la Xunta actuará de inmediato.

Sin embargo, Vázquez aseguró que cualquier acción debe estar debidamente regulada, señalando que el Gobierno central ha optado por no establecer dicha regulación, lo que crea incertidumbre legal.

Ante esta situación, la Xunta planea presentar al Consello de la Xunta una normativa que permita tomar las medidas necesarias con la seguridad jurídica apropiada para el territorio.

En lo que respecta a las macrogranjas en la región, la conselleira defendió que la Xunta nunca aprueba la construcción de una granja sin la valoración favorable de los informes sectoriales pertinentes.

Refiriéndose específicamente al área de A Limia, Vázquez explicó que el informe sobre el impacto en las aguas es elaborada por la Confederación Hidrográfica, y enfatizó que siempre que se hayan emitido informes favorables sobre las granjas, la Xunta no ha negado su aprobación.

La conselleira reiteró la importancia de diferenciar entre las responsabilidades de la Xunta y las del Gobierno central, particularmente en lo que respecta a la Confederación Hidrográfica.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha declarado que la Xunta y la CHMS son responsables por su “inacción” frente a la degradación ambiental en el embalse de As Conchas, afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Según el fallo del TSXG, se ha constatado una vulneración del derecho a la vida en relación con la intimidad y la propiedad que está vinculada al acceso a agua potable.

La demanda contra estas instituciones fue presentada en marzo por una asociación vecinal de As Conchas y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto con varios ciudadanos que denunciaron la mala calidad del agua, la aparición de olores desagradables y la proliferación de cianobacterias debido a la contaminación.

El tribunal ha indicado que la inacción de las administraciones, a pesar de conocer la problemática, es la causa de la situación actual, y ha ordenado a la Xunta y a la CHMS que tomen medidas de inmediato para solucionar los problemas ambientales y garantizar el acceso a agua potable en condiciones adecuadas.

La sentencia también establece que deben implementarse medidas para asegurar que el agua sea segura y libre de contaminantes que puedan representar un riesgo para la salud.

Aunque la demanda también involucraba a los gobiernos municipales de la zona, el TSXG desestimó las acusaciones en su contra.

La resolución del TSXG subraya que la Xunta ha fallado en proteger la calidad del agua al permitir la proliferación de macrogranjas en A Limia sin evaluar adecuadamente el riesgo ambiental vinculado.

Los jueces han señalado que la gestión ineficaz de los residuos ha contribuido a un deterioro significativo del entorno, lo que resulta en un fracaso para controlar los contaminantes que amenazan la salud pública.

En cuanto a la CHMS, el tribunal ha resaltado que su falta de acción a lo largo de los años ha inducido a un aumento en la contaminación de las aguas desde 2011, sugiriendo que deberían haber tomado medidas ante el crecimiento de las macrogranjas en la región.

Finalmente, los magistrados concluyen que el impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes de la zona es evidente, y que es inaceptable que la situación haya llegado a este punto sin intervención adecuada por parte de las autoridades competentes.