SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 de enero.

La Consellería de Política Social ha tomado medidas drásticas en 2024, iniciando expedientes a nueve ayuntamientos gallegos por presuntos incumplimientos en la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha calificado estas sanciones como "injustas", argumentando que el servicio no recibe la financiación adecuada ni por parte de la Administración autonómica ni del Gobierno central.

Los municipios afectados por estos expedientes son Triacastela, Samos, Pedrafita, Folgoso, Rodeiro, Os Blancos, Punxín, Calvos de Randín y Valdoviño. Según la información facilitada por la Consellería de Política Social, estos ayuntamientos han ignorado repetidamente los requerimientos de la administración autonómica, lo que ha llevado a esta situación.

En un desayuno informativo realizado este miércoles en la sede de la Fegamp, el presidente de la entidad, Alberto Varela, expresó el descontento y "cabreo" de los municipios afectados, quienes se ven obligados a enfrentar sanciones por no poder cumplir con las horas requeridas para el SAF.

Varela enfatizó que estas sanciones afectan a municipios de diversas ideologías políticas, lo que ha unido el malestar entre ellos. Afirmó que no es razonable castigar a los ayuntamientos por un servicio que no está siendo financiado adecuadamente. Recordó que la normativa vigente estipula que tanto la Administración autonómica como el Estado deben cubrir la totalidad de los costes del SAF, pero, en la práctica, los ayuntamientos reciben apenas 12 euros, frente a un coste que puede alcanzar los 25 euros. La contribución de los usuarios, según subrayó, es irrisoria.

La Fegamp también alertó que estos expedientes podrían resultar en multas que alcancen hasta los 20.000 euros. Además, Varela destacó la escasez de personal capacitado para ofrecer este servicio, señalando la necesidad de formación y de contar con más profesionales dispuestos a trabajar en este ámbito.

Durante su intervención, Alberto Varela también remarcó la falta de respuesta de la conselleira de Política Social, Fabiola García, y del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quienes no han aceptado una solicitud de encuentro por parte de la Fegamp para discutir la financiación del SAF.

Desde la Consellería de Política Social, por su parte, han defendido que durante la última legislatura han cumplido el pacto de financiación del SAF con la Fegamp, y que los nuevos presupuestos incluyen un incremento de recursos por parte del Gobierno gallego.

Además, la Xunta ha subrayado que el Ejecutivo central no está proporcionando el 50% de la financiación necesaria en materia de dependencia, con una deuda acumulada con el sistema gallego que ya supera los 2.500 millones de euros. Recordaron que la conselleira se reunió hace unos meses con el ministro para exigir el cumplimiento de sus obligaciones, los cuales, según se alega, dependen de la aprobación de unos nuevos presupuestos.