Municipios gallegos exigen a la Xunta normativas para los VTC ante el cambio de paradigma.
En A Coruña, el 28 de marzo, los gobiernos locales de Galicia están reclamando a la Xunta la necesidad de implementar regulaciones que se adapten a la "nueva realidad" de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Este movimiento se produce en el marco de una serie de protestas del sector del taxi, siendo la más reciente una manifestación en A Coruña que destila el descontento acumulado por los profesionales del sector.
Representantes del ayuntamiento de Santiago, entrevistados por Europa Press, han señalado que actualmente las actividades de los VTC carecen de un marco normativo municipal. Esto significa que aquellos vehículos que poseen la autorización de la Xunta para operar trayectos entre municipios no tienen permiso para realizar viajes dentro de las ciudades.
Con el objetivo de ajustar las regulaciones sobre el transporte de pasajeros, la ciudad de Santiago, a través de su Departamento de Movilidad, está preparándose para abrir una consulta pública. Esta iniciativa buscará modernizar las normativas vigentes, las cuales datan de 1990, reconociendo así la creciente presencia de los vehículos privados en el sector del transporte. Se prevé que este proceso se asemeje al que ya se realizó en A Coruña.
Sobre el servicio de VTC, los representantes municipales han indicado que los vehículos autorizados por la Xunta solo pueden llevar a cabo viajes interurbanos y no dentro de los núcleos urbanos. La forma de conciliar esta actividad con la de los taxistas se discutirá en la próxima consulta pública, donde el gobierno local ha afirmado que su prioridad es mantener la consideración del taxi como un servicio esencial para la comunidad.
Se demanda además que la Xunta elabore un marco normativo regional, llevando a cabo los estudios pertinentes sobre la demanda y el estado actual del sector. Los ayuntamientos creen que esta regulación es esencial, dado que muchos permisos otorgados parecen ignorar las normativas actuales, lo que a su vez genera un entorno de incertidumbre jurídica.
En Vigo, se han presentado 49 solicitudes para licencias urbanas, de las cuales muchas fueron rechazadas. De ellas, se descubrió que 13 carecían de la autorización apropiada para operar como VTC. A pesar de tener 549 licencias en total, también se han abierto 123 expedientes sancionadores en la ciudad, revelando tensiones en el cumplimiento de la legislación vigente.
La actual normativa de Vigo no ofrece un marco para la concesión de autorizaciones que permitan operar como VTC en la ciudad, perteneciendo estas regulaciones a un periodo anterior a la nueva legislación de 2023 que define estos aspectos.
En A Coruña, el sector del taxi llevó a cabo una movilización el miércoles, exigiendo al ayuntamiento que respete la ley. Los taxistas denunciaron que los VTC realizan trayectos urbanos, algo que sus licencias no permiten, y solicitaron a la Xunta que restrinja la concesión de estas autorizaciones.
El presidente de la Federación Gallega de Taxi, Ricardo Villamisar, resaltó la falta de solución ante esta "ilegalidad manifiesta". Argumentó que en otras ciudades, como Vigo, la Policía Local está actuando, mientras que en A Coruña son únicamente los inspectores de transporte de la Xunta quienes están levantando actas de infracción. Exigen al ayuntamiento que se ciña a la normativa pertinente.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también ha destacado que hasta la fecha se han emitido más de 100 actas sancionadoras que han resultado en multas significativas. Sin embargo, ha enfatizado que el problema no se resuelve únicamente con sanciones, sino que requiere un enfoque de convivencia, aludiendo a la creciente demanda del servicio de transporte.
Rey criticó la falta de responsabilidad en la concesión de licencias por parte de la Xunta, quien, según ella, asigna permisos sin tener en cuenta las consecuencias para los ayuntamientos que luchan por una regulación adecuada.
Desde la Xunta, se reafirma que cumplen con las normativas y que la concesión de las licencias VTC se realiza de acuerdo a criterios ambientales. Se recuerda que tales autorizaciones son exclusivas para trayectos interurbanos y no permiten la realización de transportes urbanos.
Finalmente, se aclara que la normativa nacional permite a los municipios otorgar licencias urbanas, y se han hecho recordatorios a las empresas operantes en Galicia sobre sus obligaciones legales. A pesar de que la vigilancia recae en los ayuntamientos, desde la Xunta se están llevando a cabo inspecciones para identificar abusos en el uso de autorizaciones VTC para desplazamientos dentro de las ciudades.