A partir de este martes, los tradicionales juzgados de paz en Galicia se transforman oficialmente en oficinas de justicia municipales, con la región ahora contando con un total de 38 de estas oficinas. La iniciativa busca mejorar la accesibilidad y eficiencia del sistema judicial, adaptándose a las necesidades actuales de la población.

La Xunta de Galicia ha anunciado la contratación de un servicio especializado que se encargará del traslado de víctimas de violencia de género hacia estas nuevas secciones en Santiago de Compostela y Ourense. Este cambio responde a la reciente legislación sobre la eficiencia judicial, que busca optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención más cercana a las víctimas.

Durante la Comisión 1ª, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, abordó esta reforma tras una pregunta presentada por el diputado del BNG, Iago Tabarés. Tronchoni expresó su descontento por la falta de consulta a las comunidades autónomas en decisiones que impactan directamente en su gestión judicial.

El nuevo reglamento, emitido en junio, establece la creación de cuatro nuevas plazas destinadas a la atención de casos de violencia de género en Galicia. Estas nuevas plazas se ubicarán en Santiago y Ourense, asumiendo responsabilidades que antes pertenecían a otros partidos judiciales, así como en A Coruña y Vigo, donde se transformarán dos plazas de instrucción existentes.

El aumento en el personal de estos juzgados es evidente, ya que la plantilla se verá incrementada con dos funcionarios adicionales en Santiago, Ourense y Vigo, y hasta tres más en A Coruña. La intención es limitar la carga de trabajo a un máximo de 150 expedientes por funcionario, algo que Tronchoni califica como una mejora significativa.

Iago Tabarés, por su parte, ha criticado la decisión de agrupar partidos judiciales, advirtiendo que los nuevos juzgados en Santiago y Ourense enfrentarán una carga de trabajo desproporcionada desde su creación, lo que pone de manifiesto la centralización de decisiones en Madrid.

La confirmación de la comarcalización de los juzgados especializados fue comunicada a Tronchoni por la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. Esta comunicación indicó que el Gobierno estaba dispuesto a crear las nuevas secciones bajo la condición de que fueran agrupadas por zonas, lo que condujo a la aceptación de la Xunta ante la falta de alternativas.

Tronchoni, si bien reconoce que no está de acuerdo con todos los aspectos de la decisión, enlistó los beneficios potenciales de la comarcalización, resaltando que la Xunta asumirá la responsabilidad del desplazamiento de las víctimas, para lo cual se ha dispuesto un presupuesto de 600.000 euros.

Desde la perspectiva del director xeral, esta comarcalización permite una especialización que se adapta mejor a la violencia de género, buscando un equilibrio entre proximidad y especialización, aunque reconoce que la distancia respecto al lugar donde ocurrieron los hechos podría aliviar algunos efectos psicológicos en las víctimas.

En paralelo, los juzgados de paz han cambiado su función y ahora operan como oficinas de justicia en los municipios. Este movimiento, que ofrece una mayor cobertura al territorio gallego, refleja el compromiso de la Xunta por mantener servicios vitales en áreas rurales donde el acceso a la justicia puede ser complicado.

El cumplimiento de los plazos para la implementación de esta nueva normativa ha sido garantizado por Tronchoni, quien la calificó de apremiante. Subrayó la importancia de mantener estos juzgados de paz en vista del envejecimiento de la población y los desafíos asociados a la despoblación rural.

Tronchoni aseguró que estas nuevas oficinas no solo mantendrán los servicios existentes, sino que los ampliarán, facilitando el acceso a la justicia sin necesidad de desplazamientos incómodos para los residentes de las zonas menos pobladas.

La adaptación a esta nueva estructura será progresiva y se llevará a cabo en función de los recursos y el espacio disponible en cada municipio, con un enfoque colaborativo entre la Xunta y las entidades locales para asegurar una transición efectiva.

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a una pregunta formulada por la diputada popular Paula Prado, quien aprovechó la ocasión para criticar la gestión del Gobierno central en temas judiciales, argumentando que se busca debilitar la separación de poderes en el país.