El conflicto entre la Inspección de Trabajo y la empresa Sargadelos se intensifica en una segunda jornada en la que los empleados se manifiestan a las puertas de la planta de Cervo, situada en Lugo.

Segismundo García, el propietario de la fábrica, ha dirigido una carta a la Inspección de Trabajo donde informa de su decisión de declarar la próxima semana como un "periodo vacacional" para la planta, en medio de una serie de irregularidades que aún no han sido subsanadas.

El anuncio llega a menos de tres días del inicio de este denominado periodo vacacional, y según el comunicado, esta medida se justifica mientras no se resuelvan las citadas "faltas y deficiencias". Sin embargo, fuentes consultadas sostienen que los derechos de los trabajadores establecen que la notificación de vacaciones debe realizarse con al menos dos meses de antelación.

En su carta, García menciona varios problemas que podrían comprometer la salud de los empleados, a los que se suman las 36 deficiencias previamente denunciadas por la Inspección, las cuales resultaron en una multa de 5.000 euros.

La Inspección ha iniciado acciones después de que se confirmara que dos trabajadoras han sido diagnosticadas con silicosis, lo que llevó a requerir a la dirección adoptar medidas urgentes para proteger al personal de la exposición al sílice. Sin embargo, García ha añadido que la planta enfrenta otros "problemas de higiene laboral" que podrían poner en riesgo la salud de sus trabajadores.

Entre los aspectos que García ha destacado se encuentra la presencia de amianto en las cubiertas, lo cual podría deteriorar la salubridad tanto de empleados como de directivos. También expresa su preocupación por las altas temperaturas en los hornos de cocción, donde los operarios carecen de trajes ignífugos y las áreas no están debidamente señalizadas.

El dueño menciona, además, que los suelos de la fábrica son "deslizantes", lo cual aumenta el riesgo de accidentes laborales. También crítica la falta de protección en las pantallas de los ordenadores, lo que puede provocar problemas visuales y emocionales entre el personal administrativo.

La situación climática de la planta es otra de sus preocupaciones; finaliza señalando que, debido a la falta de aire acondicionado, los trabajadores sufren temperaturas extremas tanto en invierno como en verano. Lamenta también que las sillas estén en mal estado, lo que puede causar problemas de salud a largo plazo.

García subraya que muchos de estos problemas se derivan de la clasificación del edificio como Bien de Interés Cultural, lo que dificulta la adaptación a las normativas de seguridad actuales, creando un entorno potencialmente peligroso en situaciones de emergencia.

Por otro lado, enfatiza que algunos miembros de la dirección superan las 40 horas laborales semanales sin recibir compensación por horas extra, además de recibir llamadas de la dirección fuera del horario laboral, lo que agrava la tensión en un entorno ya complicado.

La Inspección está al tanto de esta situación y se ha comunicado sobre las vacaciones programadas por la dirección, las cuales serían inviable legalmente dada la falta de cumplimiento con los plazos establecidos.

Mientras tanto, los empleados han vuelto a presentarse en la fábrica a primera hora, aunque la producción continúa suspendida tras el desafío de García a la Inspección.

Los trabajadores se encuentran en una situación complicada al carecer de un comité que los represente, lo que ha generado un historial de conflictos internos y denuncias de represalias. Representantes de los sindicatos CC.OO, CIG y UGT han estado presentes en la planta para ofrecer asesoramiento a los trabajadores respecto a sus derechos.

Hasta el momento, los gobiernos regional y nacional no tienen información sobre el inicio de un expediente de regulación, lo que sería necesario para el cierre que García anunció. El Ministerio de Trabajo ha solicitado una reunión urgente con la dirección ante la gravedad de los acontecimientos.

Estas circunstancias han provocado que muchos sindicalistas califiquen la situación de "esperpento". Xorxe Caldeiro, de CIG, critica la falta de comunicación por parte de la dirección y la ausencia de respuestas claras para los trabajadores. En un tono similar, José Antonio Zan de CC.OO. ha enfatizado que la naturaleza del previsto "período vacacional" se encuentra en un terreno legal complicado, sugiriendo que la dirección debe dialogar más con los empleados para encontrar una solución inmediata.