El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no descarta recurrir a los tribunales si se produce una situación de desigualdad que perjudique a Galicia. Sin embargo, considera esta medida como un último recurso y hace un llamamiento al sentido común.
Anticipa que es probable que se ofrezcan tratos bilaterales a líderes del PP para legitimar el pacto en Cataluña y advierte que nadie debe caer en la tentación.
Rueda expresa su preocupación por las consecuencias de los chantajes del independentismo catalán en la financiación autonómica y rechaza el concierto económico incluido en el pacto con el PSC para la investidura de Salvador Illa. Está dispuesto a llegar a cualquier extremo para evitar agravios hacia Galicia.
Advierte que Galicia perdería una suma considerable si se aprueba el concierto del pacto entre el PSC y ERC en Cataluña. Critica la postura del BNG y el PSdeG por apoyar medidas que considera perjudiciales para la comunidad gallega.
Rueda cuestiona la viabilidad de Illa como presidente de la Generalitat y pronostica que será chantajeado a diario, lo que resultará en nuevas concesiones perjudiciales para otros territorios.
Avisa sobre las consecuencias no solo para Galicia y otras regiones gobernadas por el PP, sino también para las autonomías dirigidas por el PSOE. Destaca que el sistema propuesto es perjudicial para Asturias y Galicia, desafiando a líderes socialistas a pasar de las palabras a los hechos.
En un mensaje interno al PP, Rueda advierte que el Gobierno central podría buscar acuerdos bilaterales con presidentes autonómicos del partido para justificar su actuación en Cataluña. Insta a mantener la unidad y a no aceptar tratos que perjudiquen a Galicia.
Reitera su rechazo a acuerdos bilaterales que rompan la solidaridad entre las autonomías y propone convocar la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación de manera global.
A pesar de estar abierto a cumbres y otros mecanismos de coordinación, Rueda defiende la posibilidad de recurrir a los tribunales como última opción para defender los intereses de Galicia. Destaca que la política debería primar sobre las decisiones legales.
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