En Santiago de Compostela, el Sindicato Labrego Galego (SLG) ha urgido a la Xunta a confirmar el plazo para la extensión del cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), debido al retraso en la publicación de la orden correspondiente.

El SLG ha recordado que el 8 de marzo se publicó en el DOG la orden del 27 de febrero de 2024 que regula los pagos directos a la agricultura y ganadería, así como las ayudas al desarrollo rural, conocidas como solicitud única de la PAC, que en Galicia solicitan unas 25.000 personas. Sin embargo, el plazo de presentación estipulado en el artículo 16 de la orden es el 30 de abril de 2024, es decir, este miércoles.

El sindicato ha destacado que la orden se publicó "un mes más tarde" y que la aplicación para tramitar la PAC no funcionó correctamente hasta abril, por lo que tanto sindicatos como administraciones estaban de acuerdo en la necesidad de ampliar el plazo.

Por lo tanto, desde el 24 de abril, el ministerio ha publicado una modificación en el BOE del real decreto 1048/2022, estableciendo nuevos plazos para la solicitud única 2024, fijando en todas las comunidades las fechas del 31 de mayo como plazo final de presentación y el 15 de junio como fin para las modificaciones.

Ante esta situación, el SLG ha solicitado a la Consellería de Medio Rural que aclare si la publicación en el BOE confirma los plazos mencionados o si es necesario que se publiquen en el DOG, pidiendo una pronta actuación al respecto.

Otra preocupación es la falta de resolución de los ecorregímenes del año 2023, lo que ha generado críticas hacia la Xunta por el retraso en este pago. La vulnerabilidad económica de las granjas gallegas debido a la falta de apoyo público para garantizar precios justos se ve agravada por los problemas en los procedimientos administrativos, según el sindicato.

El SLG ha advertido que los retrasos en la publicación de la orden, los problemas técnicos en la aplicación informática requerida y la incertidumbre sobre la prórroga de plazos complican la situación y generan preocupación entre los productores de alimentos. Por ello, instan a las administraciones a corregir de inmediato los problemas en los procedimientos administrativos que les compete.