Una agrupación de defensores del medio ambiente ha decidido llevar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un recurso en contra de una controversial estrategia de infraestructura verde implementada por la Xunta de Galicia. Este plan, que fue publicado oficialmente el pasado 10 de febrero, ha sido criticado por supuestamente facilitar la desprotección de un área en Palas de Rei (Lugo), donde se proyecta la construcción de una fábrica de Altri.

El colectivo ecologista Adega ha expresado su preocupación, subrayando que las regulaciones aplicadas previamente han sido modificadas drásticamente, dejando a esta zona "en blanco". Durante la fase de exposición pública del documento, el área estaba reconocida como zona de amortiguamiento, un estatus que supuestamente estaba relacionado con la protección de especies en peligro y hábitats de gran importancia.

Apelando al principio de no regresión en materia ambiental, el grupo procederá a presentar un recurso contencioso administrativo este jueves para desafiar esta decisión. Adega sostiene que el reconocimiento previo de esa parte del territorio como zona de protección evidenciaba la presencia de especies amenazadas, y que este cambio de estatus no se justifica bajo la normativa vigente.

Durante una conferencia de prensa, representantes de Adega, como Fins Eirexas y Fernando de Abel, hicieron hincapié en que "la realidad no puede ser alterada" y que los valores ambientales que existen en la región siguen siendo válidos. Según explicaron, el principio de no regresión está claramente sostenido por la legislación, siendo parte fundamental de la ley de cambio climático y solo podría ser alterado por motivos de interés público real.

El grupo ecologista argumenta que el interés público en materia ambiental debe prevalecer sobre otros tipos de interés, y critica a la Xunta gobernada por el Partido Popular por confundir este interés con el privado, lo que podría generar un “grave peligro” para el entorno natural.

Además, Adega también apela a principios de precaución y cautela, argumentando que no existe una justificación suficiente para eliminar la figura de zona de amortiguamiento, incluso bajo la premisa de generación de empleo. Consideran que la supresión de esta categoría es un indicador de un debilitamiento de las protecciones medioambientales.

Para Eirexas, las medidas adoptadas por el Gobierno gallego apuntan más a una reducción de las protecciones existentes, independientemente de la herramienta de planificación utilizada. Por otro lado, De Abel ha aclarado que, si el recurso es admitido a trámite, no implicará necesariamente la paralización del proyecto de Altri, aunque no se descarta que se solicite la suspensión del mismo.

En una manifestación programada para el 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal, Adega planea expresar su oposición tanto a la construcción de la planta de Altri como a la mina de Touro. Este evento se enmarca en un contexto de creciente descontento hacia las decisiones medioambientales de la Xunta.

Por otro lado, Eirexas se pronunció sobre la gestión de las zonas vulnerables a nitratos, y manifestó que la Xunta está reaccionando de manera tardía frente a esta problemática. En este sentido, Adega ha solicitado información a Augas de Galicia, lamentando haber quedado excluido del proceso consultivo que sí involucró a sindicatos agrarios y otros actores.

Asimismo, el colectivo ecologista busca aclaraciones sobre el estatus de un estudio que la Xunta había mencionado al ministerio en 2022, el cual se refería a la situación de doce embalses en la región.