Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego han manifestado su rechazo contundente a la reciente propuesta de recorte que afecta en más de un 20% la asignación destinada a la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2028-2034, calificando esta medida como un ataque directo que podría llevar al "desmantelamiento" del sector agrario en Galicia.

Esta oposición se produce tras la presentación por parte de la Comisión Europea de su propuesta para el nuevo marco financiero plurianual, en la que se sugiere una disminución cercana al 25% en la asignación de la PAC a partir de 2027, pasando de aproximadamente 400.000 millones de euros a un alarmante mínimo de 300.000 millones.

Unións Agrarias ha estimado que el impacto anual para la comunidad gallega podría ser de unos 77 millones de euros, con recortes particularmente severos en el primer pilar, que apoya a los productores de leche y carne, que recibirían cerca de 40 millones menos. En contraste, el segundo pilar, dedicado a la producción ecológica y la prevención forestal, enfrentaría una reducción de unos 37 millones.

Ana Rodríguez, economista y ganadera del sector lácteo en SLG, ha expresado una posición de cautela en cuanto a la estimación del impacto económico, aunque considera que la reducción que afectaría a Galicia podría estar en un rango de entre 50 y 100 millones de euros anuales, según la propuesta actual.

Los dos sindicatos han calificado esta medida como un "ataque" a la agricultura y la ganadería, e instan a los partidos políticos a que se involucren activamente en la defensa de los intereses agrarios de la región, según declaraciones de Unións Agrarias.

El líder de Unións Agrarias, Roberto García, ha manifestado su esperanza de que la Comisión Europea reconsiderará su propuesta, que, según afirma, amenaza la capacidad de Galicia para realizar inversiones vitales para la supervivencia de sus agricultores y ganaderos.

Ana Rodríguez ha criticado abiertamente la falta de recursos y la ausencia de regulaciones adecuadas en los mercados, enfatizando que esta propuesta podría acentuar las desigualdades entre los agricultores de los estados miembros de la Unión Europea.

García también ha expresado su frustración, aseverando que la Comisión ha decidido priorizar la seguridad militar a expensas de la PAC y de otros sectores esenciales.

A pesar de la gravedad de la situación, ambos sindicatos consideran que la propuesta presentada es un “documento de trabajo” y auguran que se producirán cambios significativos en su contenido antes de su aprobación definitiva hacia finales de 2027, impulsados por el debate político en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, el líder de Unións Agrarias sostiene que es poco probable que el Parlamento, dominado por los grupos popular y socialista, apruebe un decreto de esta naturaleza.

García interpreta la propuesta como un “globo sonda”, sugiriendo que establece una tendencia hacia la reducción del presupuesto y critica que esta situación pone en peligro las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el medio ambiente.

Por su parte, el Sindicato Labrego Galego ha reafirmado su compromiso de continuar luchando por una PAC robusta y cohesionada que responda a las necesidades tanto de los agricultores como de la ciudadanía europea, al mismo tiempo que busca promover un modelo agrícola más sostenible y agroecológico.