En la ciudad de Santiago de Compostela, el pasado 16 de julio, Amnistía Internacional lanzó un llamamiento a la Consellería de Política Social de Galicia para que la atención a los menores migrantes no se convierta en un campo de batalla política. La organización enfatiza la necesidad de implementar acciones concretas que mejoren las condiciones de acogida de estos niños y jóvenes.

La entidad se mostró preocupada por la reciente decisión de la Xunta de Galicia de rechazar el plan del Gobierno central que preveía la reubicación de 317 niños y adolescentes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En un comunicado, Amnistía detalló que ha presentado un conjunto de seis propuestas al Ejecutivo gallego, enfocadas en asegurar los derechos de estos menores, tales como su adecuada protección legal y la identificación correcta de sus necesidades.

Amnistía Internacional recordó que actualmente más de 5.800 menores no acompañados se encuentran en Canarias, alojados en instalaciones que están sobrecargadas y carecen de las condiciones idóneas para su bienestar.

“Es fundamental que se proteja el interés superior del menor, garantizando su derecho a ser acogido en un entorno digno que le permita obtener la documentación necesaria y el acceso a la protección internacional, así como a la educación que le facilite su transición a la vida adulta”, afirmó Sara Prieto, portavoz de la organización en Galicia.

La propuesta de Amnistía subraya la necesidad de reforzar el sistema de protección en la región y aboga por un modelo de acogida más humano, priorizando pequeños centros familiares en lugar de macroinstalaciones que a menudo no ofrecen el cuidado necesario.

En su comunicación a la Xunta, la organización no solo enfatizó los aspectos de protección legal e identificación, sino que también solicitó información clara y accesible para la denuncia de violaciones de derechos, así como la correspondiente investigación de tales casos.

Finalmente, Amnistía Internacional instó al Gobierno gallego a adoptar medidas eficaces contra el racismo y la discriminación y a adherirse al principio de solidaridad y responsabilidad compartida en la atención de los menores migrantes.