La Audiencia Nacional decretó prisión incondicional para cuatro de los diez detenidos por formar parte de una organización criminal asentada en Galicia que distribuía cocaína por España y algunas zonas de Portugal, usando para ello vehículos dotados de tecnología de inhibidores de frecuencia y sistemas de detección de radio frecuencia. La información fue suministrada por fuentes jurídicas a Europa Press.

Cinco detenidos han quedado en libertad con la imposición del pago de una fianza de 2.000 euros y otro más con medidas cautelares consistentes en comparecencias periódicas en el juzgado, retirada pasaporte y prohibición de salir del país.

La Guardia Civil realizó 15 registros en varios municipios de Pontevedra y Lugo, y se incautó de 220 kilogramos de cocaína, inmovilizando más de cuatro millones de euros. El hallazgo de la sustancia estupefaciente se llevó a cabo en un zulo en una granja agrícola y ganadera de Pontevedra que contaba con un sofisticado sistema de soterramiento.

La mayoría de los detenidos en la 'Operación Carplaya' tenían vínculos familiares y guardan relación con el narcotráfico desde hace años. Los dos principales cabecillas de la organización desarticulada son históricos narcotraficantes con antecedentes policiales por este tipo de delitos, según han precisado fuentes de la investigación.

Los investigadores han constatado el uso de tecnología de mensajería encriptada en sus comunicaciones para transportar la droga por carretera, así como sistemas de inhibición y detectores de radiofrecuencia de última generación.

La Guardia Civil también ha destacado el papel de un taller clandestino en Vigo (Pontevedra), "clave en la logística utilizada", ya que transportaban el estupefaciente oculto en vehículos sin necesidad de contar con el apoyo de otros coches de seguridad para evitar controles policiales o cualquier otra incidencia, como es lo habitual.

La operación se ha saldado con la intervención de 220 kilogramos de cocaína, 2,5 kilogramos de hachís, 640.000 euros en billetes de diverso valor, ocho vehículos, inhibidores de frecuencia, sistemas de detección de radio frecuencia, así como documentación relacionada con los ilícitos investigados y terminales con sistemas de comunicación encriptados.

En la parte económica, han sido inmovilizados más de cuatro millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, embarcaciones y cuentas bancarias bloqueadas. La Guardia Civil ha destacado el alto nivel de vida de muchos de sus integrantes aunque ellos no cuenten con ingresos económicos legales conocidos ni propiedades.

Pese a ello, los detenidos adquirían con frecuencia vehículos de alta gama, todo tipo de mobiliario para viviendas a nombre de cónyuges o familiares, así como viajes exclusivos.

El dispositivo de la fase de explotación ha contado con la participación de más de 250 agentes de diferentes unidades de la Guardia Civil, entre ellas el Grupo de Acción Rápida (GAR), los Grupos de Reserva y Seguridad de Valencia y León, Servicio Cinológico Central, Sección Fiscal de Melilla y diversas unidades de las Comandancias de Pontevedra, Lugo y Melilla.