El debate en torno a la "deuda histórica" que el Estado tiene con Galicia ha cobrado relevancia, especialmente en relación con la prolongación considerada "ilegal" de la AP-9, una infraestructura clave para la región.

Este asunto ha llegado a oídos del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien los alcaldes de varios municipios, entre ellos Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, Ribeira y A Pobra do Caramiñal, han solicitado una reunión. Ellos buscan enfatizar la "vital importancia" de hacer gratuito el tramo que conecta Padrón con Santiago de Compostela.

En una conferencia de prensa en la que participaron todos los ediles de estas localidades, se hizo énfasis en la obligación que tiene el Estado con Galicia, responsabilidad que aseguran se ha agravado por la extensión del contrato de la AP-9 hasta 2048, establecida durante el gobierno de José María Aznar.

Aunque han reconocido los esfuerzos gubernamentales a través de planes de bonificación, los regidores consideran que estas iniciativas no son suficientes. "Nuestros ciudadanos no deben cargar con las consecuencias de decisiones erróneas tomadas en el pasado", manifestaron los representantes locales.

La plataforma que apoya la liberalización de la AP-9 cree que el Gobierno se enfrenta a una elección crucial: ser recordado como el que liberó a Galicia de los peajes o como el que dejó pasar una oportunidad histórica para revolucionar la movilidad en la región. "El amplio respaldo social y los procedimientos legales en curso contra la prórroga ilegal están orientados hacia la eliminación del coste de la AP-9", señalaron.

Los firmantes del manifiesto del 25 de febrero también exigen que la AP-9 sea de uso gratuito desde Ferrol hasta Tui, mientras advierten de un “agravio comparativo” que afecta a la zona de Santiago en comparación con otras áreas del norte y sur de Galicia.

La AP-9 tiene un total de 219 kilómetros de longitud, de los cuales solo 50.9 son gratuitos para los usuarios, distribuidos en 36.7 kilómetros que no implican ningún coste y 14.2 kilómetros afectados por el sistema de peaje en sombra que asume el Estado.

En su análisis, observan que apenas 7.7 kilómetros, lo que representa el 15,13%, corresponde a la circunvalación de Santiago, un punto neurálgico para miles de ciudadanos en aspectos como la movilidad, la educación y los servicios de salud. En contraposición, el área de Vigo posee más de 16.7 kilómetros de acceso gratuito.

El tramo entre Padrón y Santiago, que abarca 18 kilómetros, resulta crucial para mejorar la movilidad de la región de Santiago, el Barbanza y el norte de la provincia de Pontevedra.

Este trayecto es la única conexión directa y de alta capacidad entre el Barbanza y la capital gallega. Su eventual liberalización facilitaría un recorrido gratuito y continuo desde la AG11 (autovía del Barbanza) hasta Santiago, evitando interrupciones por peajes, y beneficiando igualmente al norte de Pontevedra.

Además, argumentan que esta medida permitiría desviar el tráfico pesado y el flujo de vehículos particulares de las áreas urbanas de Padrón y O Milladoiro, lo que a su vez ayudaría a mejorar la circulación en la N-550.