Una auxiliar de servicios ha revelado en el juicio en curso que la funcionaria acusada de malversación de fondos tenía un estilo de vida que no se correspondía con su salario público. La auxiliar indicó que la empleada vivía más allá de sus medios, lo que ha suscitado interrogantes sobre el origen de los fondos que utilizaba.

En la segunda audiencia del proceso legal en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, testigos que han utilizado el servicio de ayuda en el hogar de Boiro han afirmado que era habitual realizar los pagos en efectivo directamente a la funcionaria a cargo del servicio. Este procedimiento, según denunciaron, se implementaba para evitar un posible control financiero.

Según el Ministerio Público, la acusada logró apropiarse de más de 25.000 euros al no incluir en el registro a determinados usuarios que pagaron por el servicio. Durante el juicio, familiares de beneficiarios de la ayuda, así como auxiliares que trabajaban en el municipio, testificaron sobre cómo efectuaban los pagos a la acusada.

Las declaraciones confirmaron que la mayoría de los pagos se realizaban en persona y se destinaban directamente a la acusada. Testigos compartieron que, en ocasiones, debían sortear obstáculos internos para hacer los pagos, como lo hizo una auxiliar que transportó dinero y enfrentó complicaciones para entregarlo a la interventora del ayuntamiento.

Una de las testigos relató que nunca había pagado nada a nadie excepto a la acusada. Recordó que una vez un interventor le puso pegas al recoger un pago, a lo que ella le contestó que no tenía intención de llevar el dinero a casa. La misma auxiliar mencionó que en algunas ocasiones los usuarios insistían en darle propinas, aunque había restricciones al respecto.

Otro testigo, un anciano que había solicitado el servicio para su madre, expresó su gratitud por la atención recibida. Destacó que siempre se dirigía al ayuntamiento para realizar los pagos, totalmente convencido de que seguía el procedimiento indicado.

Un testimonio adicional también evidenció que ciertos pagos iniciales solicitados por la acusada eran exorbitantes. Según la versión de esta testigo, la funcionaria pedía 200 euros, disminuyendo la suma a 50 cuando manifestó que no podía hacer frente a la primera cantidad. Esto hizo que muchos usuarios sintieran la presión de abonar lo que se les pedía.

Una de las testigos subrayó la confianza que tenía en la acusada, aseverando que nunca dudó de su honestidad. Asimismo, mencionó que la empleada tenía un armario con llave para guardar los documentos, lo que generó suspicacias entre algunos de los presentes en la sala.

Los testimonios también pusieron de relieve que existían recibos oficiales que confirmaban las transacciones. Sin embargo, la auxiliar que mencionó las propinas compartió que en ciertas ocasiones el monto recibido era mayor al que debía ser, señalando que la acusada se quedaba con las diferencias.

El clima de desconfianza se intensificó cuando una testigo relató que fue reprendida por la acusada tras llevar un pago durante su ausencia vacacional. Según ella, la acusada se mostró molesta y le cuestionó su decisión, además de admitir que desconfiaba de su estilo de vida, que parecía desmesurado respecto a su salario.

Por último, el abogado defensor interrogó a varios testigos para esclarecer la transparencia de los pagos realizados, encontrando respuestas que, aunque afirmativas, dejaron entrever múltiples incógnitas. La inquietud y la presión social percibidas durante el proceso han llevado a muchos a cuestionar la relación entre la acusada y los fondos que manejaba.