Olalla Rodil, viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, ha levantado críticas contra la Xunta por sacar a licitación un contrato de 7,5 millones de euros para la gestión de cinco centros de crisis de atención a víctimas de violencia sexual, que se espera estén operativos en el último trimestre del año.
En una rueda de prensa en la Cámara gallega, Rodil ha denunciado el afán privatizador de la administración autonómica, que inició el proceso hace un año antes de que los centros estuvieran siquiera construidos.
Los centros, ubicados en Lugo, Ourense, Santiago, Ferrol y Vigo, se financian con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista y están concebidos como servicios de atención integral a víctimas de violencia sexual.
La diputada nacionalista ha cuestionado los límites del Partido Popular, afirmando que han privatizado centros de menores, la mayoría de plazas en residencias de mayores, y ahora abren la puerta a empresas privadas en la atención a víctimas de violación.
El contrato prevé la atención de los centros por siete empleados: dos trabajadores sociales, tres psicólogos, un jurista y un administrativo a media jornada.
Para Rodil, estas privatizaciones generan un buen negocio para empresas pero también precariedad laboral para trabajadores y usuarios, al permitir atención telemática o telefónica según el pliego de licitación del PP.
El BNG exige la paralización del proceso y pone énfasis en la gestión pública de los centros de crisis a través del personal propio de la Consellería, argumentando que la atención a las mujeres no debe quedar en manos de empresas multiservicios como Eulen, que ya está enviando ofertas de empleo antes de que se haya completado el proceso de licitación.
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