En A Coruña, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado a la Xunta a tomar medidas para "anular" la concesión de la AP-9 y eliminar una "discriminación" existente, en lugar de simplemente hablar sobre su traspaso.

Esto viene después de que el Gobierno gallego presentara un estudio encargado a una consultora sobre los costos que implicaría para el Estado la aprobación de la ley de transferencia de la AP-9 que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso. Según el estudio, esta ley implicaría la expansión de las bonificaciones ya existentes y el fin del aumento anual de los peajes.

Pontón ha solicitado que este informe se envíe al Parlamento gallego para poder conocer su contenido en detalle, más allá de lo que se ha comunicado en una nota de prensa. Además, ha enfatizado que esta cuestión se incluía en una propuesta del BNG que no solo requería un estudio sobre el rescate de la AP-9, sino también sobre las posibles vías legales para anular una extensión de la concesión realizada por el PP de Aznar.

"Es crucial trabajar para terminar realmente con una situación que constituye una discriminación para todo el país", ha recalcado Pontón, señalando que el estudio presentado representa una oportunidad para poner fin a una concesión que considera "ilegal" por vulnerar normativas comunitarias.

"Me preocupa que la Xunta renuncie a esta opción y solo se centre en la transferencia, es igualmente importante que anulemos la concesión", ha insistido Pontón, quien ha calificado la situación actual como "un atraco a mano armada" debido a los precios de los peajes.

Por tanto, ha exhortado al Gobierno gallego a tomar medidas rápidas para obtener un informe legal y avanzar en la anulación de la concesión, que Bruselas ha identificado como ilegal y discriminatoria para los gallegos.

El estudio presentado por la Xunta estima en 526 millones el sobrecoste de transferir la AP-9 y ampliar las bonificaciones. Concretamente, este aumento ascendería a unos 526,5 millones de euros sobre un total de 1.149 millones que se pagarán hasta el año 2048, momento en el que finaliza la concesión a Audasa, manteniendo las bonificaciones actuales. En total, según este informe de Eptisa, se abonarían unos 1.676 millones.

"Nada que ver con las cifras ofrecidas por el Gobierno", subrayó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y el jefe de Proyectos de la consultora, Marcos Maderuelo.