El BNG propone ley para incluir criterios social y ambiental en contratación pública de la Xunta

El Bloque Nacionalista Galego ha presentado un proyecto legislativo en el que proponen un cambio en el modelo de contratación pública para garantizar que se prioricen las empresas gallegas y se cumplan ciertos requisitos sociales, ambientales, económicos e igualitarios. Esta propuesta será llevada ante la Cámara autonómica por parte del denominado "gobierno alternativo" del Bloque.

En una reunión del "gobierno alternativo", la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, detalló los objetivos principales de esta iniciativa. Según Pontón, es fundamental establecer criterios específicos para que los contratos públicos contribuyan al beneficio de la sociedad gallega, priorizando a las pequeñas y medianas empresas, así como a las empresas de economía social y gallegas, en lugar de a las grandes constructoras y prestadoras de servicios con sede en Madrid.

Para evidenciar la importancia de esta propuesta, Ana Pontón destacó que el 55% del presupuesto de la Xunta para 2024, que equivale a 8.182 millones de euros, se destina a la compra pública. Por lo tanto, considera necesario establecer normativas que garanticen que estos recursos se utilicen de manera responsable para beneficiar a la economía local y tener un impacto positivo en la sociedad gallega.

El BNG busca que se incluya la perspectiva de género en las cláusulas de contratación, de modo que se favorezca a las empresas que fomenten la igualdad de género en su lugar de trabajo. Asimismo, proponen condiciones ambientales y de sostenibilidad, como la adquisición de productos locales para servicios como el comedor, y el cumplimiento de la normativa laboral, incluyendo el acceso de personas con discapacidad a puestos de trabajo.

Además, el BNG destaca la importancia de favorecer a las empresas que utilizan el idioma gallego, ya que consideran que esto respalda los derechos lingüísticos. Por todo ello, la iniciativa se centra en fortalecer el tejido productivo gallego y romper con el monopolio de grandes compañías con sede en Madrid que actualmente acaparan los contratos públicos en la región.