El Gobierno de España ha presentado alegaciones ante el expediente infractor iniciado por la Comisión Europea sobre la ampliación de la concesión de la AP-9, aprobada en 2000 durante el mandato de José María Aznar. Se argumenta que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica al cuestionar una decisión realizada hace más de dos décadas, basándose en jurisprudencia inaplicable en este caso.

El informe del Ejecutivo, enviado recientemente a la Comisión en respuesta a su segunda carta de emplazamiento, destaca que la normativa comunitaria de contratación pública no es aplicable en este caso debido a la excepción 'in house', ya que en ese momento la concesionaria estaba controlada por el Estado y realizaba su actividad para el Estado.

Además, se argumenta que la directiva europea sobre reglas de publicidad no regula las modificaciones de concesiones, y se indica que la venta de la Empresa Nacional de Autopistas no está sujeta a la normativa de contratación pública al tratarse de una privatización.

El Gobierno de España ha manifestado que no se han producido las supuestas infracciones mencionadas por la Comisión, y ha expresado su preocupación por la "vulneración del principio de seguridad jurídica" en las actuaciones del ente europeo.

Se ha destacado que el prolongado proceso de este expediente ha generado graves perjuicios tanto para el Estado español como para terceros, y se ha instado a la Comisión a corregir esta situación.

El Ejecutivo español ha defendido su actuación en la aplicación de bonificaciones para reducir el impacto de los peajes en los usuarios de la AP-9. Se ha mencionado que en julio de 2021 se aprobó un nuevo esquema de bonificaciones que ha permitido a los usuarios ahorrarse más de 127 millones de euros hasta junio de 2024, y se han destacado los ahorros generados en los tramos Vigo-Morrazo y A Coruña-Barcala desde 2018.

Asimismo, se ha aplicado una subvención desde el 1 de enero de 2023 para limitar el aumento de las tarifas conforme al IPC anual. En el caso de la AP-9, se han calculado ahorros de aproximadamente 15 millones de euros en peajes hasta junio de 2024.