La Xunta ha decidido suspender los plazos establecidos para la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado de alquiler tensionado, instando al ayuntamiento local a corregir ciertas deficiencias en los documentos presentados a finales de mayo. Este requerimiento se debe a que la información enviada no cumple con los requisitos estipulados por la legislación estatal en materia de vivienda.

En una comunicación enviada el pasado martes, el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, ha solicitado que el Ayuntamiento realice una revisión completa de la solicitud. Esto implica que la Xunta, que inicialmente contaba con un plazo de seis meses para aprobar la declaración, se ve obligada a pausar el proceso.

El IGVS, entidad que opera bajo la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, ha subrayado la necesidad de que el Ayuntamiento disponga de un nuevo diagnóstico sobre la situación del mercado residencial de la ciudad. Este documento deberá fundamentarse en datos oficiales y estadísticas provenientes de organismos públicos, en lugar de información procedente de portales inmobiliarios, que ha sido duramente criticada por el ente autonómico.

El gobierno gallego ha indicado que los datos utilizados por Raxoi incluyen información de un conocido portal inmobiliario, lo que no se considera suficiente para justificar la declaración de una zona de mercado tensionado. Además, el Ejecutivo ha señalado que equiparar los hallazgos de estudios académicos a esta declaración no es apropiado, dadas las consecuencias que conlleva tal categorización.

Asimismo, se ha observado la falta de un análisis detallado sobre el estado de conservación del parque de viviendas en la capital gallega, un aspecto que es crucial para proponer medidas correctivas. El IGVS también ha solicitado que el nuevo diagnóstico incluya información sobre la antigüedad de los inmuebles, la superficie construida y la evolución de las transacciones inmobiliarias, datos que son de fácil acceso en fuentes oficiales.

Con estas exigencias, la modificación sustancial que debe realizar el Ayuntamiento implica que la documentación tendrá que ser sometida nuevamente a un proceso de información pública, lo que inevitablemente retrasará el procedimiento. La Xunta también ha pedido al gobierno local que brinde información sobre las alegaciones recibidas durante la anterior fase de consulta pública, así como un certificado oficial que acredite dichas alegaciones y su fecha de presentación.

En cuanto a la justificación presentada por el Ayuntamiento sobre la definición de 'gran tenedor', que implica a aquellas personas que poseen cinco o más inmuebles, el IGVS ha señalado que este criterio necesita claridad. Aunque la ley permite extender esta consideración, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha afirmado que se debe especificar, sobre todo teniendo en cuenta que en Santiago hay más de 56.000 viviendas, lo que hace que algunos datos no resulten significativos.

A la hora de evaluar las medidas correctoras que se proponen para abordar el mercado de alquiler tensionado, el IGVS ha cuestionado la efectividad de las acciones sugeridas y ha resaltado que muchas de ellas ya están en proceso de aplicación o carecen de contenido específico para abordar la problemática.

Finalmente, el IGVS reitera que, de acuerdo con la normativa gallega vigente, le compete al ayuntamiento la elaboración de un plan de medidas correctoras. En este contexto, el director del IGVS ha enfatizado la necesidad de establecer un calendario más detallado para la implementación de las medidas propuestas, ya que el plazo actual se extiende desde 2025 hasta 2028, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de las acciones a tomar.