Los líderes nacionalistas han exigido un avance significativo en la transferencia de competencias, mientras que los representantes del Partido Popular abogan por fortalecer la colaboración con el Servizo de Gardacostas de Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 de octubre.

El Grupo Popular ha rechazado la propuesta del BNG para presentar una ley ante el Congreso que busca otorgar a Galicia la responsabilidad sobre el salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación en sus aguas.

Rosana Pérez, del BNG, criticó la falta de ambición del Partido Popular para avanzar en el desarrollo de estas competencias, a pesar de que el PP había comenzado el año prometiendo gestionar más poderes ante el Gobierno central. Además, destacó que el PSOE también carece de un compromiso serio para abordar las competencias aún no cumplidas.

Pérez instó al Parlamento a dar “un paso adelante” para que Galicia, que cuenta con más de 1.700 kilómetros costeros y una considerable flota pesquera, pueda manejar sus propias competencias en el ámbito del salvamento marítimo.

“Existen múltiples casos que demuestran que ignorar la realidad del mar gallego conlleva serios riesgos para la seguridad”, afirmó. También calificó de “inaceptable” que las señales de socorro de los barcos gallegos sean dirigidas a Madrid para la toma de decisiones sobre la movilización de recursos.

La parlamentaria subrayó la necesidad de establecer un sistema de salvamento de titularidad gallega que permita una respuesta rápida y eficaz a las emergencias marítimas.

“Estamos hablando de una propuesta factible y legal que depende de la voluntad política y de la decisión del Gobierno gallego de asumir la responsabilidad de mejorar la vida de los gallegos, sobre todo de aquellos que trabajan en el mar”, concluyó.

Por otro lado, el diputado socialista Carlos López Font expresó el apoyo de su grupo a la propuesta del BNG, afirmando que Galicia merece avanzar en su autogobierno y gestionar materias que afectan su realidad social y económica.

Sin embargo, advirtió que este respaldo no implica un cheque en blanco, subrayando la importancia de la seriedad institucional, la planificación y los recursos adecuados, que deberían ser discutidos en la comisión mixta de transferencias.

López Font enfatizó que no basta con reclamar competencias; es necesario ejercerlas de manera efectiva y con responsabilidad. Citó como ejemplo la transferencia de competencias en el litoral, señalando que están atentos a cómo se maneja esta cuestión, especialmente con las dudas que genera la postura de la conselleira de Medio Ambiente.

El parlamentario resaltó que la discusión no debería ser si Galicia debe tener más competencias —la respuesta es afirmativa— sino si puede asimilarlas de manera efectiva en la actualidad, lo cual, según él, requeriría un acuerdo técnico y una financiación adecuada.

Desde el Partido Popular, Miguel Fidalgo criticó los argumentos del BNG, aduciendo que no aportan algo nuevo y que evidencian una desconexión de la realidad operativa. Insistió en que la falta de avances en Galicia y otras comunidades no se debe a la falta de voluntad política, sino a las claras limitaciones constitucionales y operativas del salvamento marítimo.

Fidalgo subrayó que esta actividad requiere coordinación total y una respuesta inmediata en un área de responsabilidad extensa. También señaló que, en el caso del País Vasco, la transferencia de competencias no es total, manteniendo el Estado el control esencial sobre aspectos vitales como la legislación y la coordinación de operaciones.

Abogó por "transferencias reales, útiles y ejercibles", recordando que la transferencia de la AP-9 se encuentra estancada en el Congreso y que se han presentado peticiones para el traspaso de aeródromos y otros permisos con impacto inmediato.

Finalmente, defendió el Servizo de Gardacostas, destacándolo como un servicio pionero y efectivo que ha estado protegiendo el litoral gallego durante 35 años, abogando por reforzar la cooperación entre entidades en lugar de crear nuevas estructuras.