La Xunta de Galicia avanza con una serie de reformas que buscan simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la gestión de los montes y la prevención de incendios. Una de las principales novedades de esta iniciativa es la eliminación de la necesidad de obtener un permiso de Patrimonio Cultural para realizar ciertos trabajos manuales o con desbrozadoras, facilitando así la realización de estas labores esenciales.

En una reciente rueda de prensa en Celanova, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la nueva ley de medidas fiscales y administrativas incluye modificaciones que tienen como objetivo garantizar la limpieza de las franjas secundarias de seguridad alrededor de las viviendas. Esta acción responde a la preocupación generada por la ola de incendios forestales que asoló la región durante el verano.

Para incentivar la colaboración de los municipios en estas tareas de limpieza, la Xunta condicionará el acceso a los recursos que reciben del gobierno regional. Aquellos ayuntamientos que no se adhieran al convenio de limpieza de franjas secundarias se enfrentarán a la retención del 30% de su Fondo de Cooperación Local, que para 2026 asciende a más de 187 millones de euros.

Las retenciones aplicadas se podrán recuperar si el municipio cumple con la adhesión al acuerdo o corrige cualquier incumplimiento. Además, los consistorios deberán destinar al menos el 10% de sus ingresos a medidas de prevención y protección contra incendios, reforzando así el compromiso con la seguridad y la sostenibilidad.

La reforma también extiende su alcance más allá de los trabajos en el monte. Para las intervenciones en bienes con protección estructural y ambiental, ya no será necesario un permiso previo de la Xunta, permitiendo que los propios ayuntamientos autoricen los trabajos al otorgar la licencia correspondiente.

Esto incluye a las grandes ciudades de Galicia, especialmente aquellas con más de 50,000 habitantes que se encuentran a lo largo del Camino de Santiago, siempre y cuando las actuaciones no afecten al trazado de la ruta o a los bienes colindantes. Estas modificaciones reflejan un esfuerzo por desburocratizar los procesos y facilitar la gestión del territorio de manera más efectiva.