Crónica Galicia.

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El Supremo avala parque eólico en Corme y sentencia precedente para futuras suspensiones.

El Supremo avala parque eólico en Corme y sentencia precedente para futuras suspensiones.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Xunta de Galicia y al sector eólico, que llevaban meses quejándose por la paralización de proyectos. En concreto, el TS ha revocado la anulación de la autorización del parque eólico Corme G-3, en el municipio de Ponteceso (A Coruña), y esta decisión podría abrir la puerta a tumbar múltiples suspensiones de proyectos realizadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en los últimos meses.

La resolución del Tribunal Supremo revierte la decisión del TSXG, que había anulado la autorización previa de construcción del parque eólico. La empresa EDP Renovables, promotora del proyecto, y la Xunta de Galicia presentaron recursos contra esta anulación, y el TS ha estimado dichos recursos al considerar que la resolución administrativa no incurre en los motivos de nulidad aceptados por el Tribunal Superior gallego.

En concreto, el proyecto de repotenciación del parque eólico Corme G-3 consiste en reemplazar 61 aerogeneradores por siete de mayor envergadura y más avanzados, además de realizar modificaciones en infraestructuras y caminos. El tribunal gallego anuló la autorización debido a un recurso presentado por un particular.

La decisión del Tribunal Supremo se basa en que no existen dos causas que justifiquen la anulación de la autorización. Estas causas están relacionadas con el trámite de información pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto. El TS considera que no es obligatorio realizar el trámite de consultas a las autoridades antes de la información pública, tal como alega el TSXG. Además, el TS no cree que el acortamiento del plazo de información pública de 30 a 15 días sea motivo suficiente para anular la autorización.

La sentencia recoge que el proyecto de repotenciación del parque eólico tenía el estatus de interés especial según la legislación autonómica, lo que implicaba una tramitación prioritaria y reducción de los plazos a la mitad. Durante el trámite de información pública se presentaron alegaciones que fueron analizadas por el técnico autonómico, y luego se presentaron documentos del proyecto corregido. La instructora consideró que no era necesario realizar otro trámite de información pública, y finalmente se emitió la declaración de impacto ambiental y se autorizó el proyecto.