El Tribunal Supremo, a través de su Sala de lo Militar, ha tomado una decisión contundente al ratificar la medida adoptada por el Ministerio de Defensa, que implica la separación del servicio de un miembro de la Guardia Civil en Lugo, quien ha sido condenado por maltrato a su pareja. Esta sentencia, divulgada originalmente por el portal 'praza.gal' y a la que ha tenido acceso Europa Press, se emitió el 2 de octubre y rechaza el recurso presentado por el agente, que ya cuenta con una condena firme relacionada con amenazas y violencia habitual.

Los hechos que han llevado a esta decisión judicial demuestran la gravedad de la situación: el guardia civil agredió a su entonces pareja en un vehículo oficial, donde se produjo una discusión que desembocó en una conducta violenta por parte de este, sacándole el cabello y dándole un puñetazo en una pierna, lo que le ocasionó un hematoma. Tras este episodio, la mujer decidió finalizar la relación, aunque continuaron en contacto.

Según los documentos del caso, después de la ruptura, el hombre no se detuvo y envió a la mujer numerosos mensajes de acoso, utilizando lenguaje amenazante y vejatorio que incluía frases como "tú tranquila, zorra de mierda" y "no descansaré hasta verte arrastrada". Lo más preocupante es que, empleando su acceso a bases de datos por su puesto de trabajo, logró obtener información personal de la víctima, lo que evidencia un abuso de su posición.

En su resolución, el Tribunal desestima todas las alegaciones del guardia, quien intentó justificar su conducta alegando que el caso no había generado “alarma” en la comunidad. No obstante, la sentencia asegura que la decisión de apartarlo del servicio se ajusta a los principios de proporcionalidad e individualización, teniendo en cuenta el impacto de sus acciones en la imagen y prestigio del Instituto Armado.

Asimismo, se hace hincapié en la seriedad con la que el guardia civil ha incumplido sus deberes, y se enfatiza que su comportamiento contraviene las normas esenciales que deben regir a los miembros de este cuerpo de seguridad. Con ello, se concluye que su permanencia en la Guardia Civil es incompatible, dada la gravedad de las infracciones cometidas y su repercusión en la institución.