Crónica Galicia.

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El Tribunal Supremo desestima la cancelación de un parque eólico en Corme (A Coruña) y allana el camino para revertir varias suspensiones.

El Tribunal Supremo desestima la cancelación de un parque eólico en Corme (A Coruña) y allana el camino para revertir varias suspensiones.

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión que da la razón a la Xunta de Galicia y al sector eólico, quienes han estado quejándose durante meses por la paralización de proyectos. En concreto, el TS ha revocado la anulación de la autorización del parque eólico Corme G-3, en el municipio de Ponteceso (A Coruña), al estimar el recurso presentado por la Xunta Galicia y EDP Renovables. Esta resolución abre la puerta a revertir múltiples suspensiones de proyectos realizadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en los últimos meses.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha tomado esta decisión al revocar la anulación que el Tribunal Superior gallego había dictaminado en enero de 2022. En aquel momento, se anuló la resolución de la Consellería de Economía que otorgó la autorización previa y de construcción del parque eólico Corme G-3 el 16 de septiembre de 2019.

El TS ha estimado los recursos presentados por la empresa EDP Renovables y por la Xunta de Galicia, argumentando que la resolución administrativa de autorización previa no incurrió en los motivos de nulidad aceptados por el Tribunal Superior gallego en su sentencia anuladora. El proyecto en cuestión es una repotenciación de un parque eólico existente, en el que se planea sustituir los 61 aerogeneradores ya instalados por siete de mayor tamaño y más avanzados, además de realizar modificaciones en las infraestructuras y construir nuevos caminos.

La decisión del Tribunal Supremo se basa en el hecho de que no se han infringido dos aspectos clave señalados por el Tribunal Superior gallego. En primer lugar, no considera que la reducción de plazo en el trámite de información pública sea motivo suficiente para anular la autorización del proyecto. Además, señala que no existe una obligación formal de realizar el trámite de consulta a las autoridades antes de llevar a cabo la información pública del proyecto.

Según el TS, ni la Directiva Europea sobre evaluación de impacto ambiental ni la Ley de evaluación ambiental establecen la obligación de realizar el trámite de consulta a las autoridades antes de la información pública. Además, el Tribunal no considera que la reducción del plazo de información pública de 30 a 15 días sea irrazonable ni que haya impedido la presentación de alegaciones por parte del público.

La sentencia también destaca que este proyecto de repotenciación y modificación del parque eólico contaba con una declaración de interés especial según la legislación autonómica, lo que implicaba una tramitación prioritaria y la reducción de los plazos a la mitad. Durante el trámite de información pública, se presentaron alegaciones que fueron consideradas por el técnico autonómico, y posteriormente se presentaron documentos del proyecto corregido sin que se considerara necesario volver a abrir el trámite de información pública. Finalmente, se emitió la declaración de impacto ambiental y se autorizó el proyecto mediante la resolución impugnada en la instancia.