La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha calificado de "sistema perverso" la estrategia empleada por la Xunta para mantener control sobre funcionarios intermedios, manifestando su preocupación ante el uso de nombramientos en comisión de servicio.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 de julio.

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que otorga a la CIG el derecho a recibir información detallada sobre los motivos que justifican las prórrogas de los nombramientos de funcionarios en comisión de servicio que superan los dos años.

Este fallo, respaldado por la decisión del 3 de julio, pero recién notificado a la organización sindical, establece un precedente para toda la administración pública, según afirmó Zeltia Burgos, portavoz de CIG-Autonómica, en una reciente conferencia de prensa.

Además, el tribunal ha enfatizado que tanto las juntas de personal como los delegados tienen el derecho de solicitar información sobre estas prórrogas, aunque este deberá ser enviado de manera anónima o mediante otros métodos similares, a lo que la administración autonómica debe adherirse.

La Xunta, al apelar contra una resolución anterior que favorecía a la CIG, justificaba su negativa a proporcionar datos bajo la protección de la intimidad de los empleados públicos, un argumento que Burgos ha cuestionado enfáticamente.

La importancia de esta resolución del Supremo fue subrayada por miembros de la CIG, quienes presentaron cifras alarmantes sobre nombramientos: desde 2021, más de 4.700 funcionarios han sido nombrados en comisión de servicio, con 7.099 renovaciones, de las cuales el 90% exceden el límite de dos años, lo que las coloca en un estado de irregularidad.

La sentencia aclara que "el asunto en cuestión se centra en la información relativa a las prórrogas de 347 comisiones de servicio concedidas por la Administración autonómica en el momento de la solicitud, incluyendo las resoluciones otorgadas y los informes pertinentes que justificaron estas decisiones".

Este tipo de información es crucial para monitorizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de personal, enfatizando que las comisiones de servicio no deberían sobrepasar el límite de dos años a menos que existan justificaciones suficientes de necesidad y urgencia.

Los magistrados han recordado que la normativa establece que la provisión de puestos en las administraciones públicas debe seguir criterios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, y que el procedimiento habitual debe ser el concurso para la asignación de empleos.

Zeltia Burgos, junto a sus colegas Manuel González y Alexandre Prieto, han denunciado que la Xunta utiliza las comisiones de servicio como una herramienta para otorgar favores, nombrando funcionarios en áreas muy solicitadas, en posiciones de mayor remuneración, o en sitios estratégicos que requieren "personas de confianza" para la gestión de proyectos.

De acuerdo a la CIG, esta práctica representa un "intento de control" sobre los trabajadores públicos, lo que motiva su búsqueda de información. En caso de que la Xunta ignoren la sentencia del Tribunal Supremo y no proporcione los datos solicitados, la central nacionalista podría considerar emprender acciones legales.

Además, la CIG considera que la administración mantiene en reserva una cantidad de plazas que no se incluyen en los concursos públicos, lo que perpetúa este "sistema subjetivo" que compromete la independencia en la asignación de puestos, especialmente en áreas como Ourense y Vigo, donde los concursos son notoriamente difíciles de superar.