La reciente detención de un empresario en Santiago de Compostela ha puesto en el foco una extensa red de fraude que se estima ha eludido cerca de 69 millones de euros en impuestos sobre bebidas alcohólicas desde el año 2018 hasta el 2024. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado que, además del arresto de este individuo, se han llevado a cabo otras siete detenciones, todas ellas ahora bajo la supervisión de la Fiscalía Europea.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando los agentes de la UCO, en colaboración con la Comandancia de A Coruña, realizaron un registro en el domicilio del detenido, ubicado en la calle Algalia de Abaixo. La actuación policial comenzó temprano, con la entrada forzada en la vivienda, y se extendió durante varias horas, finalizando alrededor de las 15:00, cuando el empresario fue conducido a un vehículo de la Guardia Civil.

Esta detención se enmarca dentro de una operación más amplia que busca desmantelar una organización criminal enfocada en el fraude fiscal a gran escala en el sector de las bebidas alcohólicas. Según los informes, dicha banda habría logrado evadir el pago del IVA mediante una compleja red de empresas en varios países europeos, incluyendo Portugal y los Países Bajos, lo que les permitió operar con ventajas económicas desleales y perjudiciales para las arcas públicas.

A través de un comunicado emitido por las autoridades involucradas, se ha detallado el mecanismo utilizado por la organización. Este implicaba la importación de grandes volúmenes de alcohol desde depósitos fiscales en otros países, donde se realizaba un ingreso con la suspensión del pago de impuestos. Tal estrategia había sido perfeccionada a lo largo de los años, socavando los fundamentos financieros de la Unión Europea y de la Hacienda Pública española.

La organización, liderada por tres españoles, había diseñado un entramado de empresas que incluía 93 entidades en diversos países, como Alemania y Malta, utilizando testaferros para ocultar su participación directa en las operaciones comerciales. Esta estructura les permitía eludir la responsabilidad penal directa, uno de los aspectos que complicaba la labor de los investigadores.

Durante los registros, que se efectuaron en un total de 19 ubicaciones en diversas ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza y Valencia, se incautaron importantes cantidades de dinero, incluyendo cerca de 400.000 euros en efectivo y más de un millón en diversas cuentas bancarias. Además, se confiscaron bienes de lujo, como yates y vehículos de alta gama, junto con una petición para embargar 21 propiedades relacionadas con los implicados.

La investigación, liderada por la UCO en su División de Investigación Económica y Anticorrupción, se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria y ha sido supervisada por la Fiscalía Europea, evidenciando la coordinación internacional necesaria para abordar un caso de estas características.