Un estudio encargado por el BNG a profesores de la Universidade da Coruña concluye que las prórrogas otorgadas a la concesionaria de la AP-9 son ilegales, lo que supone un incumplimiento de las condiciones del concurso público original. Además, se afirma que Audasa no tendría derecho a cobrar por el lucro cesante.

Estas conclusiones fueron presentadas en Santiago de Compostela por los profesores de Derecho de la UDC Carlos Aymerich y José Antonio Blanco, acompañados por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. El estudio reduce el coste del rescate de la autopista a 904,7 millones de euros, en contraste con las estimaciones anteriores del Gobierno central y la Xunta.

Según Pontón, el rescate de la AP-9 es la mejor decisión, ya que las prórrogas son consideradas ilegales y el coste para las arcas públicas sería menor que los pagos futuros por peajes en sombra. El profesor Aymerich destaca que las prórrogas otorgadas en 1994 y 2000 fueron contrarias al derecho europeo y, por lo tanto, ilegales.

El informe también señala que, en caso de anulación del contrato, las empresas no tienen derecho a ser compensadas por lucro cesante. El procedimiento de la Comisión Europea contra España por la prórroga de 2000 podría facilitar el rescate de la autopista por la vía de la "revisión de oficio".

Además, se estima que Audasa solo tendría derecho a recibir el valor de la AP-9, calculado en 904,7 millones de euros. Pontón critica las cifras infladas presentadas por el PP y el PSOE para justificar no asumir el rescate, argumentando que el rescate sería beneficioso para las arcas públicas.

En resumen, el Bloque considera que el rescate de la AP-9 representaría un ahorro significativo para el Gobierno central, dado que la prórroga fue ilegal y favoreció a Audasa en perjuicio de los ciudadanos gallegos.