El exalcalde de Bembrive, Roberto Ballesteros, se enfrenta nuevamente a la justicia en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Este lunes, el socialista tuvo que hacer frente a múltiples acusaciones de corrupción, a pesar de que su defensa y la de otros tres coacusados han solicitado la anulidad del caso, argumentando que los delitos han prescrito y presentando otras objeciones legales.

Actualmente, Ballesteros cumple una condena de dos años y dos meses por delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos, los mismos por los que se le juzga en este nuevo proceso, reflejando la gravedad de las acusaciones que han manchado su carrera política.

En este juicio, la Fiscalía ha señalado que Ballesteros, junto a dos representantes de una constructora y otro exvocal del PP, Carlos Comesaña, está implicado en la creación de facturas falsas relacionadas con proyectos que no fueron ejecutados o que se cobraron a un precio inflado. Esto pone de manifiesto una posible red de corruptelas en la gestión de obras públicas en la localidad.

La acusación detalla que el exalcalde, entre 2013 y 2015, conspiró para pagar por obras que, en realidad, habían sido completadas por otra empresa en un intento de desviar recursos públicos. A raíz de estas irregularidades, se estima que las arcas locales han sufrido un desfalco que supera los 38.000 euros. La Fiscalía ha solicitado penas significativas, incluyendo cuatro años de prisión para Ballesteros y tres para otros acusados, junto a inhabilitaciones que van de seis a ocho años.

Durante la primera jornada del juicio, los abogados defensores plantearon varias cuestiones previas, incluyendo la prescripción de los hechos y el argumento de "cosa juzgada". Afirmaron que los delitos que se les imputan ya habrían sido juzgados anteriormente y, por tanto, no podrían ser objeto de un nuevo juicio.

Los defensores también cuestionaron la legitimidad de la actuación de Carlos Comesaña como acusación particular, señalando que no es un perjudicado directo y sugiriendo que correspondía a la acusación popular asumir este papel en el procedimiento judicial.

La Fiscalía, no obstante, ha desestimado estas alegaciones, aclarando que los hechos en cuestión son distintos a los que ya han sido juzgados, ya que implican acciones delictivas continuas durante el mandato de Ballesteros. Además, discutió la cuestión de la prescripción, subrayando que en casos de inhabilitación de entre cinco y diez años, el plazo de prescripción se extiende a diez años.

Las defensas también solicitaron que se declare nulo el proceso, argumentando que no se había reconocido a tiempo la complejidad del asunto, una afirmación que fue rechazada por la Fiscalía, que insistió en que se han seguido todos los procedimientos legales requeridos.

Por otra parte, la implicación de Comesaña en el caso fue defendida por las acusaciones, quien, como vocal en la entidad local, había alertado sobre las irregularidades antes de llevar el asunto a la justicia tras ver que no se tomaban medidas por parte de la administración local.

Ballesteros ya había sido condenado en 2017 a siete años de inhabilitación por actos ilegales al despojar de atribuciones a miembros del PP. Posteriormente, en 2021, fue sentenciado a dos años y dos meses de cárcel por malversación y falsedad al pagar por trabajos no ejecutados. En 2022, pudo haber aceptado nueve años más de inhabilitación tras reconocer su culpabilidad en la adjudicación irregular de obras por un valor cercano a 800.000 euros.

Curiosamente, su sucesor, el socialista Marcos Castro, también se encuentra bajo el peso de una condena a 12 años de inhabilitación por irregularidades en el suministro durante la Fiesta de la Sidra en 2019 y 2020, evidenciando una preocupante tendencia de corrupción en la gestión local.