El exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier G.O., se encuentra en busca de la revisión de su condena por parte de la Audiencia Provincial. El condenado argumenta que la nueva Ley Orgánica 14/2022, que modificó el delito de malversación de dinero público, debería aplicarse en su caso. Por ello, solicita que se revise la pena de 5 años y 3 meses de prisión que le impusieron.

Francisco Javier fue condenado por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos porque promovió la contratación de una familiar de la concejal y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una concesionaria del Ayuntamiento. Se le acusa de haber pagado a su cuñada 108.000 euros por trabajos que nunca llegó a realizar.

La defensa del exfuncionario argumenta que, en aplicación de la nueva redacción del código penal, la pena que se le debería imponer debería ser inferior a los 5 años y 3 meses. Sin embargo, la sentencia no es susceptible de revisión si la ejecución de la pena está suspendida. La Audiencia Provincial acordó suspender la ejecución de la condena hace un año mientras se tramitaba la petición de indulto presentada por el exfuncionario.

La petición de indulto, la cual generó controversia, fue apoyada por varias asociaciones y colectivos que reciben subvenciones del Ayuntamiento y en la que se mencionaba su pertenencia tanto a UGT como también al PSOE. Sin embargo, el pasado 11 de abril, la Audiencia Provincial dictó una orden que le otorgaba un período de 5 días para entrar en prisión, dado que después de un año, su solicitud de indulto debería considerarse desestimada.

Finalmente, la defensa de Francisco Javier recurrió esta orden al argumentar que no se había recibido ninguna respuesta negativa por parte del Ministerio de Justicia sobre su petición de indulto.