SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic.

La pesquera gallega Fandicosta ha llegado a un preacuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), UGT y CIG sobre las condiciones del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) propuesto por la dirección de la empresa en sus instalaciones de Domaio, en Moaña (Pontevedra).

El expediente estará vigente desde el 15 de enero hasta el 19 de abril de 2023, lo cual supone tres meses y medio menos de lo inicialmente propuesto por la compañía. De esta manera, el ERTE afectará a un máximo de 89 días naturales por cada trabajador y no excederá los 69 empleados, lo cual representa una reducción de 42 personas con respecto a la cifra solicitada por la empresa.

Una de las condiciones acordadas es la creación de una comisión de seguimiento del ERTE, compuesta por un representante de cada sindicato del comité, encargada de supervisar su correcto funcionamiento.

En lo que respecta a los periodos de parada, se llevará a cabo una reunión una semana antes de que finalice el mes y se notificará con un preaviso de 15 días de antelación. Durante el mes de enero, la mitad de los empleados se someterá al ERTE durante una semana, mientras que la otra mitad lo hará la siguiente semana.

"En caso de ser necesario trabajar, se requerirá un preaviso ordinario de 5 días para regresar. Sin embargo, en situaciones urgentes, este plazo puede reducirse a 48 horas, siempre y cuando se informe a la comisión", señalan los sindicatos en un comunicado.

Las tres organizaciones sindicales han mostrado una valoración positiva respecto a este preacuerdo, el cual ha sido aprobado en asamblea con todos los votos a favor, excepto una abstención.

"Aunque no hemos logrado mejoras económicas, conseguir reducir el tiempo del ERTE, los días de regulación y el número de personas afectadas supone un avance importante y una menor pérdida económica", afirman.

Fandicosta entró en preconcurso de acreedores el pasado mes de octubre y actualmente se encuentra en proceso de búsqueda de posibles compradores para la compañía. Según la Xunta, que posee más del 12% de las acciones, el objetivo es seleccionar una oferta que tenga en cuenta un plan de viabilidad industrial y que maximice la preservación de los puestos de trabajo.