El Partido Popular de Santiago de Compostela ha presentado una denuncia contra todos los miembros de la junta de gobierno local que participaron en la autorización del contrato con la empresa Desproi. La denuncia incluye más de 50 páginas y resalta la indicación de que para la propuesta de contratación con la compañía se siguieron "instrucciones de Alcaldía", dirigida actualmente por el socialista Xosé Sánchez Bugallo.

Los populares presentaron un documento en el que se señala que en septiembre de 2021 se firmó un informe técnico en el que se hacía constar la necesidad de dotar a los departamentos de Medio Rural y Parques y Jardines de unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de su actividad laboral, debido a la "inminente demolición de los espacios" que se venían ocupando. De ese documento, se dio traslado a Alcaldía.

El PP acusa al alcalde de Santiago y a siete concejales, uno de ellos el dimitido Pichel, todos miembros de la junta de gobierno que aprobó el contrato. También denuncia a Desproi Promociones S.L. y pide incluir a "todas aquellas personas físicas o jurídicas" que durante la instrucción se puedan comprobar que participaron como "coautores, cooperadores, cómplices, inductores o responsables".

Los populares exponen la "ilegalidad de la adjudicación y formalización" del contrato de arrendamiento de inmueble por los denunciados. En concreto, se fija en el contrato que firmó el alcalde con el actual administrador de la mercantil, José Luis Fernández Celis, "nada menos que el secretario de Organización y Administración de la Comisión Ejecutiva de UGT Galicia".

Los populares también reseñan las resoluciones de la concejala de Hacienda, Marta Abal, por la que se "compensan las deudas" con la empresa Desproi, de 126.060,28 euros, más 56.683,34 de intereses, recargos y costas, lo que hace un total de 172.743,72 euros, por tributos municipales impagados.

En días pasados, trascendió que la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Mercedes Rosón (una de las denunciadas), firmó un decreto con fecha del 17 de abril en el que se ordenaba el cierre (en un plazo de cinco días) del local de Desproi, junto con la "suspensión de actividad del centro de negocios, alquiler de oficinas y almacén".