La preocupación por el aumento descontrolado de la población animal en Galicia ha llevado a activistas por los derechos de los animales a hacer un llamado urgente por una conciencia más profunda sobre la adopción responsable. Según datos recientes, uno de cada tres gallegos posee una mascota, una cifra que refleja un creciente interés por la compañía animal, pero que también enciende luces de alarma sobre el bienestar de los animales abandonados.

En cifras concretas, el registro autonómico señala que hay más de 812.000 animales de compañía en Galicia. Este número incluye una gran mayoría de perros, con un total de 735.321, así como 72.459 gatos y una variedad de otras especies. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacó la importancia de adoptar, especialmente a aquellos animales que han sido abandonados y que a menudo sufren la falta de un hogar adecuado.

Los datos desglosados por provincia muestran que A Coruña lidera en número de mascotas, seguida de Pontevedra, Lugo y Ourense. Las ciudades más destacadas incluyen Vigo, que cuenta con casi 59.000 animales registrados, y A Coruña, con más de 39.000. Sin embargo, los defensores de los animales advierten que el crecimiento en la adopción no siempre va acompañado de un incremento en la responsabilidad y el cuidado hacia estos seres vivos.

Rubén Pérez, portavoz de la Fundación Franz Weber, enfatizó que tener un animal no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Asegura que el número de animales descontrolados está en aumento, complicando los esfuerzos por lidiar con el abandono y el maltrato, fenómenos que siguen siendo problemáticos en ambos entornos, rural y urbano.

La situación de los animales de especies alóctonas es especialmente preocupante, ya que su liberación irresponsable puede tener consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales. Pérez destaca la necesidad de un monitoreo más efectivo y de una educación adecuada sobre la tenencia responsable de animales.

Asimismo, la Fundación ha instado a las autoridades a implementar políticas más efectivas que favorezcan tanto a los animales como a las comunidades, proponiendo la creación de espacios destinados para su esparcimiento y facilitando su acceso a lugares públicos, algo que aún está rezagado en comparación con otras regiones de Europa.

En el ámbito rural, la falta de atención a las condiciones de vida de los animales es alarmante, con reportes de maltrato y abandono que parecen no tener fin. Aunque se han prohibido prácticas crueles, algunas de ellas persisten, y los animales continúan sufriendo en silencio. Estas prácticas inadecuadas no solo afectan la calidad de vida de los animales, sino que también representan un peligro para la seguridad pública.

En cuanto a la nueva Ley de Bienestar Animal, Pérez considera que, aunque se han añadido algunas medidas, la aplicación efectiva de la legislación existente sigue siendo un desafío. La creencia de que los abandonos y maltratos quedan impunes contribuye a la persistencia de estas prácticas crueles en la comunidad.

Por otra parte, la Fundación también ha resaltado la insatisfacción con las ayudas actuales para la adopción, argumentando que los costos iniciales, aunque subsidiados, pueden dar la impresión de que la tenencia de un animal no conlleva gastos significativos a largo plazo. Proponen reducir el IVA veterinario, actualmente en un 21%, como una medida que aliviaría los gastos de quienes deciden adoptar.

Es crucial, según las autoridades, que se cumplan ciertos requisitos antes de adoptar, como ser mayores de edad y no tener inhabilitaciones previas para la tenencia de animales. La nueva legislación estatal, aunque introduce nuevos requisitos de formación y contratación de seguros, aún deberá ser desarrollada de manera reglamentaria para ser efectiva.

Las sanciones por incumplimientos en la tenencia de animales son severas y están destinadas a evitar el tráfico ilegal y garantizar la seguridad en las interacciones con las mascotas. Las multas varían según la gravedad de la infracción, y se busca frenar el uso irresponsable de animales en la comunidad.

La conclusión es clara: la adopción de un animal debe ser una responsabilidad compartida, y es imperativo que la sociedad, junto con las administraciones, tome medidas para proteger no solo a los animales, sino también a las comunidades que los albergan.