Crónica Galicia.

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Inicia el proyecto de energía eólica que pretende reducir costos de electricidad para 2028.

Inicia el proyecto de energía eólica que pretende reducir costos de electricidad para 2028.

El día 20 de enero, en Santiago de Compostela, el Consello de la Xunta ha dado un paso importante al aprobar la contratación de un servicio dedicado a la elaboración de estudios y documentos para el nuevo plan sectorial eólico de Galicia. Esta iniciativa marca el inicio de un proceso de actualización de un marco normativo que tiene más de dos décadas, un signo de la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales y a las exigencias del sector energético.

En una reciente rueda de prensa, el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, enfatizó la importancia de que todos los proyectos derivados de este nuevo plan se diseñen con la finalidad de reducir el costo del suministro eléctrico tanto para los ciudadanos como para las empresas. Esta declaración subraya un compromiso claro de la Xunta por la defensa de los intereses económicos de los gallegos, un factor clave en la planificación de futuros desarrollos energéticos.

El nuevo plan no solo busca modernizarse, sino que también se alinea con la normativa comunitaria vigente, con el objetivo de ofrecer "seguridad jurídica" en todos los procesos relacionados con la energía eólica en Galicia. Un aspecto innovador de este plan es la inclusión de una evaluación ambiental estratégica, que apunta a equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, un tema que cobra cada vez más relevancia en la agenda política actual.

Para llevar a cabo la redacción de este ambicioso plan, se establecerán dos mesas de trabajo. La primera de ellas será de carácter industrial, enfocándose en fomentar el desarrollo de una industria eólica local dedicada a la fabricación de componentes. La segunda mesa será de índole social, donde participarán representantes de la patronal y de los sindicatos. Sin embargo, la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, ha hecho hincapié en que las asociaciones ecologistas no tendrán un puesto en esta mesa social, aunque se ha garantizado que la participación pública seguirá abierta durante todo el proceso de tramitación.