VIGO, 14 de junio. Un joven se enfrenta a un posible encarcelamiento de tres años tras ser acusado de agresión sexual, por haber supuesto el uso de un arma de fuego simulada para intimidar a su víctima mientras le realizaba tocamientos inapropiados. Este caso se llevará a juicio en el Juzgado Penal número 3 de Vigo este próximo lunes.

De acuerdo con la denuncia presentada por la Fiscalía, el suceso se remonta a la mañana del 14 de abril de 2024, instante en el que la víctima estaba saliendo de su hogar para pasear a su perro. El acusado se habría acercado a ella, haciendo señas como si necesitara fuego para un cigarrillo.

Asustada, la joven intentó regresar rápidamente a su edificio, sin embargo, el acusado la siguió corriendo. En la carrera, ella perdió el equilibrio y cayó al suelo, siendo alcanzada por el agresor, quien la sujetó con fuerza del brazo y la forzó a dirigirse hacia un área oscura del edificio, en el cual le puso una pistola falsa en la cara mientras le hacía gestos para que guardara silencio.

Durante el ataque, el acusado le realizó tocamientos en sus partes íntimas, acompañados de gestos sexualmente explícitos. En un momento de gran angustia, la víctima, sintiéndose mareada por el miedo, simuló desmayarse. Aprovechando el descuido del agresor, logró escapar corriendo hacia el portal y comenzó a llamar a los telefonillos para pedir ayuda.

El agresor la persiguió y continuó con los tocamientos, incluso después de que ella lograra entrar al edificio con la ayuda de un vecino. Sin embargo, huyó del lugar al ver que la joven subía a la segunda planta del inmueble.

El acusado presenta un trastorno de percepción desde su nacimiento, siendo sordomudo, y muestra un bajo nivel de educación y una personalidad poco desarrollada. Esto ha llevado a la Fiscalía a concluir que su capacidad intelectual está moderadamente afectada.

El arma, aunque era de plástico, podía parecer real, lo que suma a la gravedad de su conducta. El Ministerio Público clasifica el hecho como un delito de agresión sexual que incluye los agravantes de violencia e intimidación, solicitando además que se considere la atenuante por sus alteraciones perceptivas.

Con base en estos aspectos, la Fiscalía pide que se imponga una pena de tres años de prisión, además de cuatro años de libertad vigilada. También solicita la inhabilitación del acusado para realizar trabajos relacionados con menores durante siete años, así como una orden de alejamiento de la víctima por cinco años y una indemnización de 4.000 euros por los daños morales causados.