La situación actual en Galicia en torno a la gestión de incendios forestales ha generado un amplio debate. Recientemente, se ha denunciado la apuesta del Gobierno gallego por un modelo de brigadas municipales que, según críticos, carece de la profesionalidad necesaria para hacer frente a la ola de fuegos que ha azotado la región. Un ejemplo de las consecuencias de esta gestión se evidencia en el incidente en Oímbra, donde tres brigadistas sufrieron quemaduras.

Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) han expresado su preocupación por lo que consideran una gestión "irresponsable" de la lucha contra incendios. Según ellos, el enfoque del Gobierno, que definen como "improvisado y muy fragmentado", ha contribuido a crear un entorno propenso a accidentes para los brigadistas que están en la primera línea de combate contra el fuego.

El sindicato critica también lo que consideran una "obsesión" del Gobierno de la Xunta con el modelo de brigadas municipales, que están compuestas en su mayoría por personal no profesional. Esta gestión es responsabilidad de los municipios y ha generado una situación en la que los brigadistas, que comenzaron a trabajar hace pocas semanas, no están adecuadamente preparados para enfrentar los incendios.

Además, la CIG ha puesto de relieve la problemática asociada a la contratación del personal para el servicio de extinción. La organización ha señalado que, hasta la fecha, se han realizado 14 convocatorias para cubrir más de 550 puestos, la gran mayoría de ellas en julio. Esta situación ha resultado en brigadistas con escaso tiempo de formación, lo que pone en riesgo tanto su seguridad como la eficacia del operativo.

Zeltia Burgos, representante de CIG-Administración Autonómica, ha destacado la desigualdad de trato entre los trabajadores, quienes están sufriendo una sobrecarga de trabajo con jornadas que van de 8 a 12 horas. Esta falta de descanso, advierte, puede llevar a un aumento del cansancio y, en consecuencia, a un mayor riesgo de accidentes, lo que es inaceptable en el contexto actual.

La crítica se extiende a la falta de cobertura durante las bajas y vacaciones, lo que deja a las brigadas mermadas y, por ende, desprotegidas. La CIG ha calificado esta situación como una clara muestra de la falta de responsabilidad por parte del Gobierno del Partido Popular, sugiriendo que su enfoque se asemeja más a una evasión que a una solución efectiva.

Además, se ha denunciado la carencia de aprovisionamiento básico para los brigadistas, quienes, en muchos casos, no reciben ni agua ni comida durante los combates contra el fuego. Esto pone de manifiesto un descontrol en la gestión que afecta directamente al bienestar de aquellos que arriesgan sus vidas para proteger el entorno.

La falta de equipos de protección personal también es alarmante. La CIG ha criticado al Gobierno de Alfonso Rueda por no asegurar un stock adecuado de material, algo crucial para la seguridad de los brigadistas, especialmente en un contexto de riesgo elevado.

Ante esta situación, el sindicato ha manifestado su intención de denunciar cualquier incumplimiento en la seguridad del personal y exigirá que se investiguen todos los accidentes laborales ocurridos. Cada uno debe rendir cuentas por su gestión, sostiene la CIG.

Por otro lado, las Comisións Obreiras han solicitado una reunión con María José Gómez, conselleira do Medio Rural, para abordar las debilidades del operativo tras la reciente ola de incendios. La organización ha señalado que, aunque no es el momento de señalar errores, es esencial garantizar la cobertura efectiva de todas las plazas del operativo antes de que comience la campaña al 100%.

Mientras tanto, el Sindicato Labrego Galego ha denunciado que Galicia está sufriendo las consecuencias de una falta de acción y abandono por parte del Gobierno regional en lo que respecta a la gestión rural. Amigas da Terra también ha manifestado su preocupación y ha pedido la creación de una mesa de trabajo enfocada en incendios dentro del Consello Forestal de Galicia.