En la reciente visita del conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, a las parcelas destinadas a construir viviendas protegidas en A Coruña, se han suscitado importantes cuestiones relacionadas con la política de vivienda del Gobierno español. La conselleira instó directamente a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, a que "deje de hacer anuncios y se ponga a trabajar", en alusión a las declaraciones realizadas por Rodríguez sobre una nueva empresa pública de vivienda, que fue previamente mencionada por el presidente Pedro Sánchez.

La ministra Rodríguez ha prometido que esta empresa pública surgirá de la reconversión y fortalecimiento de SEPES, lo que ha llevado a Allegue a expresar su sorpresa por la manera en que se han presentado estos anuncios, ya que considera que deberían haberse discutido previamente en un contexto más serio y menos político.

La conselleira también ha criticado la falta de comunicación de la ministra con las comunidades autónomas, asegurando que muchos de estos gobiernos han solicitado un mayor nivel de participación y una escucha activa por parte del ministerio. Esto resulta aún más relevante dado que, según Allegue, las comunidades están cumpliendo con la ley estatal de vivienda a pesar de que la ministra ha efectuado críticas hacia ellas.

Allegue destacó que su responsabilidad es hacia todos los españoles, independientemente de su apoyo político. Además, volvió a manifestar la falta de respuesta del ministerio a múltiples solicitudes de la Xunta sobre la cesión de viviendas por parte de la Sareb, el llamado "banco malo", que tiene propiedades en Galicia.

A pesar de estas tensiones, la conselleira reiteró su disposición a colaborar en la construcción de vivienda pública y en facilitar el acceso a la misma para la población, aunque subrayó la urgencia de que el ministerio actúe en lugar de limitarse a realizar anuncios.

En el contexto de su visita, la Xunta ha concedido ayudas que suman un total de 1,1 millones de euros a dos promotoras que construirán 30 viviendas protegidas en A Coruña, enfocadas al alquiler. Las parcelas visitadas se localizan en la calle Francisco Pérez Carballo, en la zona de Someso, y en la Ronda de Outeiro.

De manera destacada, Martínez Allegue había realizado una visita la semana anterior a otra parcela en Santiago de Compostela, donde se planea la construcción de viviendas protegidas con el apoyo económico del Gobierno gallego. En A Coruña, la empresa beneficiaria de las ayudas recibirá 680.000 euros para edificar 17 apartamentos de protección autonómica dentro de un edificio de 97 unidades, mientras que las restantes serán de régimen libre.

Asimismo, en la Ronda de Outeiro, otra promotora edificará un inmueble que tendrá 32 viviendas, de las cuales 13 estarán bajo la misma protección autonómica para el alquiler, recibiendo una ayuda de 453.952 euros. La conselleira enfatizó que el desarrollo de estas viviendas es un claro ejemplo de la "necesaria colaboración público-privada" en el ámbito de la vivienda, destacando que la Xunta ha destinado 14,7 millones de euros este año para incentivar a promotores y cooperativas a construir para el alquiler accesible.

En relación a las preocupaciones expresadas por algunos vecinos de Monte Mero sobre posibles expropiaciones, Allegue aseguró que las áreas propuestas para las nuevas viviendas son terrenos urbanizables desde hace años. Asimismo, afirmó que se había estudiado la viabilidad del proyecto y se había consensuado con el ayuntamiento correspondiente.

Ante el contexto de aproximadamente 38 edificaciones existentes en la zona, la conselleira garantizó que la Xunta tiene la intención de realizar "la menor afección posible" y de buscar una compatibilización con el planeamiento futuro si esto es viable. En este sentido, se programará una reunión con los vecinos el jueves para explicar los pormenores del proyecto, destacando que siempre habrá un esfuerzo por compatibilizar las obras y que no se prevén expropiaciones forzosas.

La urbanización, añadió, será ejecutada exclusivamente por la Xunta, y cualquier necesaria adecuación urbanística deberá ser determinada por estudios futuros, aunque en principio no se anticipan cambios significativos en este sentido.