La defensa de Rafael Louzán ha negado rotundamente que haya cometido prevaricación en relación con la reforma de un campo de fútbol en Moraña, Pontevedra.

La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo exonere a Louzán del delito de prevaricación, alegando que toda la tramitación del expediente fue prevaricadora.

En la vista celebrada en el alto tribunal, el fiscal ha instado a mantener la condena de siete años de inhabilitación dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2022.

El caso ha llegado al Supremo después de pasar por el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde Louzán fue condenado por fraude y prevaricación.

La Audiencia provincial consideró probado que Louzán votó a favor de conceder una subvención ilegal para satisfacer los intereses de una empresa contratista.

El fiscal ha argumentado que Louzán buscó un sistema alternativo para llevar adelante la reforma del campo de fútbol fuera de la normativa establecida.

En la vista, la defensa de Louzán ha pedido su exoneración basándose en las leyes de subvenciones y contrataciones del sector público.

Los abogados de otros implicados en el caso también se han adherido a las argumentaciones de Louzán y su defensa.

Tras escuchar a las partes, el tribunal presidido por el magistrado Julián Sánchez Melgar ha dejado el caso visto para sentencia.