En medio de un creciente descontento en el sector energético, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha expresado enérgicamente su rechazo a las recientes propuestas de la Xunta de Galicia, en particular las reveladas por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Esta medida estipula que los promotores deben establecer acuerdos a largo plazo con un precio fijo (PPA) con empresas gallegas por al menos el 50% de la energía que produzcan, lo que ha generado un profundo malestar en la patronal eólica, que lo califica como una "expropiación de facto".

En un contundente comunicado, la AEE ha argumentado que dicha iniciativa infringe las normativas del mercado eléctrico de la Unión Europea y las leyes de competencia, así como la legislación vigente en el sector eléctrico. Este tipo de intervenciones en un mercado destinado a la liberalización, advierten, constituyen un ataque directo a los derechos fundamentales reconocidos no solo en Galicia, sino también en el conjunto de España y Europa.

La patronal no se detiene ahí y critica abiertamente al Gobierno gallego, advirtiendo que obligar a los promotores a vender el 50% de su energía a empresas locales podría tener repercusiones negativas en la economía de la región. Señalan que esta medida podría incluso llevar a un incremento en el precio de la electricidad para los consumidores gallegos, lo que sería un golpe duro frente a la competitividad y el desarrollo económico local.

Asimismo, la AEE ha manifestado que, de avanzar esta propuesta, podrían imponerse sanciones internacionales y activarse arbitrajes internacionales por la violación de acuerdos establecidos. En este sentido, recalcan que ninguna ley autonómica puede contradecir la legislación estatal y mucho menos la europea, lo que representa un desafío grave a la estructura jurídica existente.

La patronal advierte que esta medida podría resultar en la ruptura de contratos previamente firmados por los promotores con sus consumidores, lo que desencadenaría una "judicialización en todo el sector". Aseguran que algunas empresas ya tienen comprometida su energía mediante PPA con industrias hasta más allá del año 2030, lo que pone en un aprieto la implementación de esta obligación.

La AEE enfatiza que Galicia requiere estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, y que el último anuncio solo contribuye a agravar la inestabilidad ya presente en el entorno empresarial. Desde el sector eólico, se hace un llamado al sentido común y al respeto hacia la legislación vigente, tanto a nivel nacional como europeo.

Además, la asociación se cuestiona si la Xunta tiene la intención de extender esta obligación a los parques existentes, una posibilidad que agrava aún más la problemática. Advierte que esta expropiación de facto implicaría no solo una violación de la ley actual, sino que también forzaría la ruptura de contratos y podría resultar en un aumento en las tarifas eléctricas. Esto, a su vez, abriría la puerta a demandas por parte de inversionistas internacionales y generaría nuevos arbitrajes, junto a las sanciones que podrían derivarse de la Comisión Europea.

Hace pocos días, la AEE ya había criticado a la Xunta por otra medida considerada "perjudicial": la iniciativa de repotenciación de parques que se incluye en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para 2025. Esta propuesta, argumentan, plantea un cambio de paradigma que perjudica la seguridad jurídica del sector eólico.

Finalmente, resaltan que la propuesta en cuestión pone en riesgo a 86 parques eólicos de más de 20 años en Galicia, que en conjunto suman más de 2.000 megavatios. La AEE concluye que esta situación "choca frontalmente" con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico existente, dejando entrever la gravedad de la situación para el futuro del sector energético en la región.