La Fiscalía rebaja en siete años la condena solicitada inicialmente para el ex edil lucense Francisco Fernández Liñares, figura central del caso

LUGO, 24 Jun.

La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado este lunes imponer penas de prisión inferiores a los tres años para los 11 imputados en la pieza original de la 'Operación Pokémon', la macrocausa de corrupción política más grande investigada en Galicia. Esto ocurrió después de que el Ministerio Fiscal llegara a un acuerdo de conformidad con las defensas de cada procesado, quienes aceptaron su autoría de los hechos ante la jueza.

Estos hechos están relacionados con la adjudicación fraudulenta del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva entre 2004 y 2006, cuando el ex concejal del Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, estaba a cargo del área de Economía.

Según la acusación del Ministerio Fiscal, Fernández Liñares abusó de su posición de poder y cargo público para favorecer la concesión del contrato a la empresa a cambio de beneficios económicos.

Además de Liñares, otros diez procesados se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, incluidos empresarios vinculados a la empresa Cechalva y otros relacionados con un sistema de doble contabilidad.

Después de la lectura de la acusación y las modificaciones realizadas por la Fiscalía, los imputados aceptaron su responsabilidad y las nuevas penas impuestas, que no superan los tres años de prisión en ningún caso. La mayor rebaja fue para Fernández Liñares, cuya condena inicial de nueve años y medio se redujo a dos años y medio por varios delitos, además de una multa de más de 100.000 euros.

Reguera y Santiso también vieron reducidas sus penas, pasando de cerca de ocho años a dos años y cinco meses, y dos años y un mes, respectivamente, por delitos como aprovechamiento de información privilegiada y cohecho.

El resto de los acusados recibieron penas de prisión de entre dos meses y un año y cuatro meses por varios delitos relacionados con cohecho, falsedad, y blanqueo de capitales.

Esta investigación es parte de la amplia causa Pokémon, que se inició en 2012 a partir de esta pieza original. El proceso se ha visto afectado por retrasos considerables, lo que llevó a la aplicación de un atenuante por parte de la sala, reduciendo las penas para los acusados este lunes.

Los abogados de los implicados manifestaron que el acuerdo de conformidad era lo más beneficioso para todas las partes después de años de proceso judicial. Aunque reconocieron que los acuerdos siempre dejan un sabor agridulce, ya que ninguna de las partes queda completamente satisfecha.