La UE investiga nuevamente a España por extensión de concesión de la AP-9.

En un nuevo escándalo para el Gobierno español, la Comisión Europea ha decidido abrir expedientes de infracción por incumplimiento de la legislación comunitaria en relación con la contratación pública y la concesión de autopistas, específicamente la autopista AP-9. En respuesta a una denuncia de En Colectivo, el órgano europeo ha enviado una segunda carta de emplazamiento a España.

La directiva que se encuentra en el centro de la controversia busca fomentar la competencia entre empresas de la Unión Europea en los contratos públicos, garantizando una mejor relación calidad-precio. Sin embargo, España junto con Bulgaria y Rumanía ha fallado en incorporar estas normas a su legislación nacional.

El Gobierno español ha sido señalado por no respetar la legislación comunitaria en cuanto al ámbito de aplicación de la directiva sobre contratos públicos, contratos y modificaciones. Además, se enfrenta a otro expediente de infracción por extender dos concesiones de autopistas sin seguir los procedimientos de licitación adecuados, incumpliendo las normas de la UE.

La Comisión Europea busca garantizar la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en los contratos de concesión y la transparencia en los procedimientos de contratación. El Gobierno español tiene dos meses para responder y corregir las deficiencias antes de que el caso sea llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En respuesta a la apertura de este procedimiento, En Colectivo ha celebrado la decisión como un paso significativo hacia la eliminación de los peajes en la AP-9 y la consecución de una autopista gratuita. Se ha pedido al Gobierno que sea transparente en su respuesta a la Comisión Europea y comparta la información con los ciudadanos.

No es la primera vez que España se ve envuelta en controversias relacionadas con las concesiones de autopistas, y la presión de la Unión Europea parece indicar que se espera que el país cumpla con las normas comunitarias. A pesar de las advertencias anteriores, el Gobierno español ha continuado extendiendo las concesiones sin seguir los procedimientos adecuados, lo que ha generado preocupación en Bruselas.