La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de Galicia, María Martínez Allegue, ha anunciado que la Xunta podría recurrir a acciones legales si el Gobierno central no le proporciona información sobre el expediente que la Comisión Europea ha abierto respecto a la gestión de la AP-9, una autopista clave en la región.

En una reciente comparecencia ante los medios, Allegue subrayó que la mejor solución para la autopista del Atlántico es su rescate, y esto debe llevarse a cabo con prontitud para el beneficio de Galicia.

La conselleira expresó su preocupación por la falta de transparencia que caracteriza a la administración central, indicando que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión al respecto, a pesar de las recomendaciones de la UE. Reiteró su exigencia para que se le entregue el expediente que la Unión Europea está analizando desde hace años, lamentando que, siendo Galicia parte afectada, no se tenga acceso a dicha información.

Asimismo, Martínez Allegue informó que se comunicará con los gobiernos de Castilla y León y Asturias para coordinar esfuerzos con el objetivo de eliminar los peajes de la AP-9 en Galicia y de la AP-66.

La conselleira también recordó que, hace un año, entregó al Ministerio de Transportes un estudio detallado sobre los costos de la autopista del Atlántico, solicitando en múltiples ocasiones una reunión con el ministro Óscar Puente, sin haber recibido respuesta alguna por parte de su equipo.

En sus declaraciones, Allegue no ocultó su decepción por la indiferencia del ministro hacia un tema tan crucial como la AP-9, que registra un tráfico diario significativo. A su juicio, su falta de acción es incomprensible y subrayó que el costo del rescate ha sido actualizado a 2.356 millones de euros.

Aprovechó la ocasión para recordar que el Parlamento gallego respaldó por unanimidad una propuesta para la eliminación de los peajes en febrero, y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reiteró en agosto la urgencia del rescate, advirtiendo que cualquier retraso podría agravar la situación.

Allegue también compartió que un informe de la Axencia Galega de Infraestruturas pone de manifiesto el incesante aumento de las tarifas para los usuarios y el crecimiento de los beneficios de la empresa concesionaria, lo que a su vez ha implicado un perjuicio para los conductores gallegos.

La Xunta ha calificado la gestión reciente de la AP-9 por parte del Estado como adversa para los intereses de la población gallega. Además, la conselleira lamentó que, mientras en otras regiones se están revirtiendo situaciones similares, en Galicia se ha obstruido incluso el debate sobre una propuesta de ley al respecto, que ha sido aplazada en múltiples ocasiones en el Congreso.

Esta situación se agrava tras la reciente respuesta del Gobierno español a un ultimátum de Bruselas sobre la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que se alega que este ha violado las normativas de la Unión Europea en materia de contratación pública. La Comisión había solicitado que se subsanen las irregularidades en un plazo de dos meses, y de no hacerlo, el caso podría ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.