El Gobierno gallego ha tomado una decisión firme para proteger la salud de los menores al aprobar un ambicioso proyecto de ley que se espera que se implemente antes de que concluya el año. Esta nueva normativa, que será enviada al Parlamento de Galicia para su ratificación final, amplía las restricciones sobre el consumo de tabaco y otros productos nocivos a lugares públicos como marquesinas de autobús y piscinas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo el anuncio durante una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consello. Rueda subrayó que Galicia se posicionará como la primera región en implementar una regulación en contra de la venta y uso de vapeadores y bebidas energéticas para menores, alineando estos productos con el tabaco y el alcohol en términos de prohibición.

Este proyecto de ley incluye contribuciones de diversos sectores, organismos públicos y la ciudadanía en general. Según el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se trata de una iniciativa necesaria y valiente que busca unir a la sociedad en una acción coordinada para salvaguardar la salud de los jóvenes.

El enfoque de la normativa es integral, abordando no solo adicciones relacionadas con sustancias, sino también comportamientos de riesgo como el juego y el uso excesivo de tecnología. La normativa combina la prevención y la promoción de la salud con un control más riguroso de la oferta de estos productos.

Entre las restricciones, la ley prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores y expande las áreas en las que no se permite fumar, incluyendo un radio de 50 metros alrededor de centros educativos y de salud. Esta medida busca reducir la exposición al humo ajeno y proteger la salud pública.

Además, la ley también extiende la prohibición de fumar a las marquesinas de transporte público y a las piscinas, lo que refleja un esfuerzo por minimizar el riesgo de fumadores pasivos en espacios públicos.

Las bebidas energéticas, que contienen niveles de cafeína equivalentes a varios cafés, serán objeto de regulación similar. Se advierte que la ingesta excesiva puede tener efectos negativos sobre la salud de los jóvenes, incluidas alteraciones del sueño y problemas cardiovasculares. Esta prohibición sigue el ejemplo de otros países europeos que ya han aplicado medidas similares.

Para fomentar la conciencia social, los establecimientos que vendan estas bebidas deberán exhibirlas en áreas separadas de los refrescos. La Xunta también destaca el problema del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol, que aumenta el riesgo de intoxicación y otros efectos adversos en adolescentes.

En caso de intoxicaciones, se requerirá la intervención de los familiares de los menores, quienes recibirán orientación y recursos de apoyo. Si la situación se repite, se invitará a participar en programas de ayuda que involucren a la familia del menor.

El proyecto de ley también regulará la promoción de bebidas alcohólicas en puntos de venta donde se consuma en el local, prohibiendo prácticas que inciten al consumo descontrolado. Las máquinas expendedoras que ofrezcan alcohol deberán contar con sistemas que verifiquen la edad del consumidor.

Como novedad, la ley permitirá sustituir sanciones por programas de intervención y prevención, enfocándose en la educación sobre los efectos del tabaco, el alcohol y otras sustancias. Se priorizará la prevención a través de iniciativas en el ámbito familiar, escolar y comunitario.

El proyecto también aborda el control de adicciones desde la infancia, integrando programas de detección y atención al consumo de sustancias psicoactivas, incluidas las tecnologías digitales problemáticas, a partir de los 12 años.

En cuanto a la coordinación entre administraciones, se establecerán las mismas competencias para los gobiernos locales que ya figuraban en la legislativa de 2010 relacionada con el consumo de alcohol entre menores. Las sanciones por el fenómeno del botellón serán administradas por departamentos de salud en lugar de los ayuntamientos.

Para asegurar una estrategia de prevención unificada, se formará una comisión que incluya a representantes de diversas áreas de la Xunta y entidades locales, con el fin de trabajar conjuntamente en la lucha contra las adicciones.

En otro ámbito, el gobierno ha aprobado la adquisición de material para el diagnóstico y tratamiento en el ámbito cardiovascular, invirtiendo casi cinco millones de euros en este equipamiento. Este proyecto es la primera iniciativa centralizada de compra de este tipo, lo que promete un ahorro significativo a largo plazo.

Por último, se ha discutido la futura licitación para el nuevo centro de salud en Becerreá y la reforma del centro de Baltar, destacando la inversión que se destinará a ambos proyectos para mejorar la atención sanitaria en la región.